Un hombre descansa en el suelo de una calle de Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Según los datos de avance del XVI Informe El Estado de la Pobreza elaborado por EAPN a partir de la última Encuesta de Condiciones de Vida, la tasa AROPE en Canarias se ha estabilizado en el 31,2 %, prácticamente igual que un año antes. La cronificación de la pobreza en Canarias es algo tan estructural como lo son las cicatrices imborrables de un rostro ya anciano, similares a la petrificación de la roca volcánica que cimenta nuestro archipiélago.

Ese porcentaje significa que en las islas más de 700.000 personas viven en una situación de riesgo de pobreza o directamente en exclusión social. Mejoran algunos indicadores relacionados con la pobreza severa, pero empeoran otros como el de baja intensidad en el empleo. De manera general, en prácticamente todos los indicadores que miden la pobreza, Canarias está a la cabeza respecto al resto de comunidades autónomas y siempre con un porcentaje superior en al menos cinco puntos respecto a la media estatal.

Igual de estructural que esas cicatrices parece la desincronización entre las causas de las mismas y las posibles acciones para remediar problemas tan complejos. Desde el punto de vista educativo, los últimos datos revelan un notable ascenso del abandono escolar temprano, esto es, jóvenes de entre 16 y 24 años que o no terminan la secundaria o que una vez la finalizan no continúan con ningún tipo de educación superior (bachillerato o formación profesional). Esto ocurre mientras leemos las quejas de colectivos empresariales por la falta de personal cualificado y la necesidad de importarlo. A la vez, el aumento considerable de la oferta privada de FP respecto a la pública o subvencionada aleja aún más a ese mismo porcentaje de jóvenes cuyos recursos no les permiten hacer frente al coste de los estudios.

Fijándonos en algunos aspectos económicos, Canarias es también la comunidad autónoma con mayor incidencia de fraude fiscal (irónicamente, hablamos también de la comunidad con menor presión fiscal) y laboral, estimándose una economía sumergida que alcanza el 18% de su PIB. A la vez y según datos de la Plataforma del Tercer Sector, lidera también la cola a la hora de dinamizar fondos públicos (en tiempo y cantidad ejecutada) para proyectos de inclusión social dinamizados por ong´s, entre ellos los que provienen de marcar la casilla del IRPF para fines sociales.

Si esto ocurre con los actuales datos macroeconómicos (beneficios notables en el sector bancario, índices bursátiles en máximos, récord en la llegada de turistas a las islas y en la recaudación fiscal…), ¿qué ocurrirá cuando en una economía tan dependiente nos azote una nueva recesión o el impacto de una crisis vinculada a una guerra o una pandemia?. En esta era sin reglas e incertidumbre como norma, o cambiamos rápido y decididamente nuestra forma de gestionar la desigualdad desde las instituciones, o las cicatrices de estas islas corren el riesgo de abrirse como nuevas heridas, más profundas y dolorosas para la tierra que las que provocan los volcanes que las levantan.

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