Las universidades ocupan un lugar protagónico en la sociedad, en ellas se forman ciudadanos, se genera conocimiento y surgen muchas de las transformaciones que impactan la economía, el entorno social y la sostenibilidad ambiental de los territorios. Su protección y consolidación debe ser una prioridad compartida entre el Estado, el sector productivo y las comunidades.

El presidente Gustavo Petro prometió la creación de 500 mil nuevos cupos universitarios, la construcción de 100 universidades y un decidido impulso a la ciencia, pero esas apuestas no han pasado del discurso; en la práctica, se evidencian pocos avances en educación superior, las instituciones públicas y privadas han quedado solas, e intentando avanzar sin el respaldo ni el acompañamiento del Gobierno nacional.

Y como si fuera poco, el Decreto 173 del 2026 establece el Impuesto al Patrimonio para las universidades privadas, afectando a cerca de 92 instituciones de educación superior, estas deberán tributar en un momento en el que la cobertura ha caído y su estructura financiera está debilitada. A esto se suma que buena parte de su patrimonio está representado en activos no líquidos, porque sus recursos se reinvierten de manera permanente en infraestructura, investigación, bienestar estudiantil y calidad académica, aun así, la medida no contempla exoneraciones, lo que podría llevar a muchas de estas instituciones a endeudarse para cumplir con esta obligación tributaria.

Las consecuencias de esta decisión podrían ser muy graves, porque los recursos que serán destinados al pago de impuestos, seguramente se verán reflejados en alzas de matrículas, reducción de becas, disminución en la renovación de laboratorios, debilitamiento de las condiciones de la planta docente, entre muchas otras situaciones desfavorables para la comunidad académica. Lo que se presenta como una medida de política fiscal y generación de ingresos públicos, terminará afectando directamente la calidad, la permanencia estudiantil y las posibilidades de acceso a la educación superior de más de un millón de colombianos.

El debate sobre la inclusión de las universidades privadas en el pago del Impuesto al Patrimonio revela un profundo desconocimiento de su naturaleza y de su función social, tratar a instituciones sin ánimo de lucro como si fueran simples patrimonios gravables equivale a ignorar que buena parte de sus recursos están comprometidos con la formación, la investigación y la construcción de capacidades para el desarrollo. En esa decisión también queda en evidencia una de las grandes contradicciones del Gobierno Petro al imponer nuevas cargas a instituciones que, en cualquier visión estratégica de país, deberían ser fortalecidas y no debilitadas.

En Manizales, la situación también es preocupante, la ciudad ha construido buena parte de su identidad, su dinamismo económico y su proyección regional alrededor de sus universidades, 6 de ellas privadas. Imponerles una carga adicional significa poner en riesgo una de las principales fortalezas del desarrollo territorial; por eso, este debate no es exclusivo del sector educativo con la movilización de rectores, docentes, estudiantes y egresados, también debe convocar a empresarios, universidades públicas, líderes sociales, dirigentes políticos y ciudadanía en general para defender la educación superior como aspecto fundamental para la transformación del país.

© La Patria