Suscita preocupación que una parte de la población “interesada” en una determinada decisión judicial especule mediáticamente, o se manifieste físicamente sobre lo que debe o ha debido ser una determinada decisión judicial, generándose así una presión sobre el operador de justicia en el primer caso, o deslegitimando su proceder y determinación en el segundo, lo cual va en detrimento de la administración de justicia.

En un Estado constitucional de derecho, como se pregona es el nuestro, cualquiera sea la decisión de los jueces, tanto la comunidad como las autoridades están llamadas a aceptarla y respetarla, y los interesados que estén inconformes con ella tienen las garantías suficientes y los mecanismos adecuados para controvertirla.

Con el fin de ilustrar a los lectores, algunos de los cuales pueden carecen........

© La Patria