Dra. Rosana Sosa García · Economista, especialista en AML/CFT · Partner Consultant, Riskoff España-Europa · CESV Capítulo España · ORCID 0009-0009-7030-4070 · Madrid, julio de 2026

Faltan menos de veinte días para el 4 de agosto de 2026. Esa es la fecha en que, según la última prórroga de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), quedaría habilitada la vía para que los tenedores del bono PDVSA 2020 8,5% ejecuten la garantía pignorada sobre las acciones de CITGO Holding1. Dos jueces de Nueva York ya dijeron que el bono es válido. Ninguno de los dos dijo una palabra sobre de dónde salió el dinero que lo sostiene.

Dos fallos, no uno.

La historia judicial del bono 2020 tiene dos capítulos, y en Washington conviene no confundirlos. El primero, del 16 de octubre de 2020, falló a favor de los tenedores aplicando solamente ley de Nueva York. La jueza Katherine Polk Failla se negó, en esa ocasión, a entrar en la pregunta de si el bono había violado el Artículo 150 de la Constitución venezolana2. PDVSA apeló. El Segundo Circuito de Estados Unidos le pidió al Tribunal de Apelaciones de Nueva York que aclarara qué significaba, exactamente, validez El 20 de febrero de 2024 llegó la respuesta: la validez sí incluye examinar el Artículo 1504. El fallo de 2020 quedó sin efecto.

El segundo capítulo llegó el 18 de septiembre de 2025. La misma jueza Failla, esta vez obligada a mirar de frente la Constitución venezolana, volvió a fallar a favor de los tenedores5. Un mes después, el tribunal dictó sentencia por USD 2.860 millones. PDVSA volvió a apelar; esa apelación está pendiente hoy.

Ese segundo fallo es el que cuenta, porque es el único que de verdad examinó la Constitución de Venezuela. Aun así, ni ese fallo ni el de 2020 tuvieron ante sí un solo documento sobre el origen de los fondos detrás del bono. Tampoco tenían un solo documento sobre la cadena de responsabilidad penal que el propio gobierno de Estados Unidos había estado construyendo, en otro tribunal, contra otras personas, durante los mismos años.

Lo que ningún juez tuvo delante

Mientras el bono 2020 litigaba su validez contractual en Nueva York, el Distrito Sur de Florida condenaba a Alejandro Andrade Cedeño, a Claudia Patricia Díaz Guillén y a Abraham Edgardo

Office of Foreign Assets Control, General License No. 5X (PDF), emitida el 18 de junio de 2026. 2Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 150; expediente completo del caso en CourtListener, Petróleos de Venezuela S.A. v. MUFG Union Bank, N.A., 1:19-cv-10023 (S.D.N.Y.); comentario en Conflict of Laws, The Billion-Dollar Choice-of-Law Question.

3Cleary Gottlieb, New York Court of Appeals Holds that Venezuelan Law Governs the Validity of PDVSA’s 2020 Bonds.

4Justia, Petróleos de Venezuela S.A. v. MUFG Union Bank, N.A., 41 N.Y.3d 462 (N.Y. 2024).

Petróleos de Venezuela S.A. v. MUFG Union Bank, N.A., No. 19 Civ. 10023, 2025 WL 2675871 (S.D.N.Y. 18 de septiembre de 2025). Cleary Gottlieb, Southern District of New York Holds that PDVSA’s 2020 Bonds are Valid Under Venezuelan Law.

Ortega por lavado de capitales y corrupción vinculados al entramado financiero de la tesorería venezolana y de PDVSA. En febrero de 2026, Raúl Gorrín Belisario, señalado en esos mismos expedientes, fue capturado en Venezuela. Ninguno de esos hechos formó parte del expediente que decidió si el bono 2020 era válido: llegaron después, o simplemente no eran la pregunta que el tribunal tenía que responder.

Venezuela, mientras tanto, permanece en la lista gris del GAFI. Esa permanencia funciona como una constatación oficial: el país no ha demostrado transparencia sobre quién es el dueño real de sus activos financieros, incluidos los que hoy respaldan reclamos de miles de millones de dólares contra una empresa petrolera con sede en........

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