Un médico venezolano, cuyo nombre reservamos para protegerlo de nuevas represalias, salió del Hospital Ortopédico Infantil de Caracas después de una larga jornada de trabajo. Iba camino a su casa, como cualquier ciudadano decente que cumple con su deber, cuando fue interceptado por cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en motocicletas. Lo obligaron a detenerse, a bajar del vehículo, y bajo amenaza de armas le dijeron que, por existir un supuesto estado de excepción, sus derechos civiles estaban prácticamente abolidos. La extorsión fue brutal: para no ser llevado al Helicoide debía pagar 30.000 dólares. Como no podía hacerlo, lo despojaron de dinero, documentos, reloj y cadena, siempre con una pistola apuntándole. Después lo soltaron con una orden seca: váyase rápido.

Lo más grave de este testimonio no es solo el robo. Es la naturaleza del robo. No estamos ante la delincuencia común que asalta desde la marginalidad; estamos ante la delincuencia uniformada que actúa desde la apariencia de legalidad. Cuando un ciudadano teme más a una alcabala que a un ladrón de esquina, la sociedad ha cruzado una línea muy peligrosa: la de la sustitución del Estado de derecho por el Estado delincuente.

Ese hecho, por doloroso que sea, no puede verse como un episodio aislado. Encaja en un patrón más amplio de degradación institucional. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió hace apenas tres días, el 12 de marzo de 2026, que desde el 3 de enero ha recibido reportes de al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, y que entre septiembre y diciembre de 2025 documentó 135 arrestos arbitrarios, junto con un patrón continuado de torturas y malos tratos en cárceles, centros de detención y “casas seguras”. La misma Misión ha insistido en que persiste la práctica de silenciar........

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