De mujeres embarazadas, de niños, de abuelitos y de abuelitas.

De abogados, por patrocinar los derechos de sus defendidos. De periodistas por informar. De encuestadores por medir las tendencias de opinión pública. De economistas por reportar las tasas inflacionarias y de envilecimiento del bolívar. De los visitantes extranjeros, potenciales monedas de intercambios del gobierno forajido de Venezuela por el solo hecho de pisar el país.

Los defensores de derechos humanos tampoco se iban a escapar por cumplir una obligación que, en definitiva, nos corresponde a todos los hombres y mujeres de la Tierra.

Las desapariciones forzadas de los detenidos, estructurales, como política de Estado, las impuso la sargentona que se hace llamar la “Mejor Ministra Penitenciaria de la Historia”. En sus inicios, eran 30 días “reglamentarios” para que el secuestrado, familiares y amigos “supiesen que ¡Hay gobierno!”. Y además, para que las evidencias corporales de las palizas y torturas se sanaran........

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