Abrir las santamarías de un negocio o mantener a flote una pequeña o mediana empresa en Venezuela hoy en día se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos donde el principal competidor no es el mercado, sino el propio Estado voraz. La presión tributaria que soportan nuestros empresarios es, sin lugar a dudas, una de las más asfixiantes de toda Latinoamérica, llegando a rondar la alarmante cifra del sesenta por ciento de la gestión comercial.

Esto significa, en palabras llanas y sencillas para que nos entendamos bien, que de cada cien bolívares que una empresa logra vender con tanto sudor y esfuerzo, sesenta de ellos tienen que irse directo a las arcas gubernamentales a través de una maraña incomprensible de impuestos fiscales y contribuciones parafiscales. Es una realidad verdaderamente dramática que le quita el oxígeno a cualquiera que intente generar empleo digno y prosperidad en nuestra amada tierra venezolana.

Esta asfixia económica actúa como un freno de mano invisible que paraliza la inversión, fomenta la informalidad y destruye el aparato productivo nacional ante la mirada indiferente de un centralismo burocrático que todo lo devora a su paso. El discurso oficial siempre repite la misma vieja cantaleta de que estos cobros son para poner a pagar a los empresarios adinerados, pero esa es una inmensa falsedad económica que debemos desmontar con total claridad.

Cada nuevo impuesto, cada incremento en las tasas municipales y cada contribución parafiscal que se le impone a un negocio es trasladado de forma inevitable al precio final de los bienes y servicios que consume la población. Al final del cuento, el empresario simplemente deja de vender porque sus productos se vuelven inalcanzables, pero quien termina pagando las dolorosas consecuencias y financiando la voracidad del Estado es el consumidor final, el ciudadano de a pie en su día........

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