La situación de ilegitimidad constitucional de quienes ahora ejercen el poder ejecutivo en Venezuela deja muy poco espacio para lograr la estabilización política del país. Por un lado, todos los factores políticos exigen elecciones inmediatamente para resolver el problema, y por el otro, la inconveniencia de un apresuramiento electoral para los venezolanos, habida cuenta del tiempo que se precisa para el desmontaje de toda la infraestructura electoral viciada construida por el régimen castro-chavista-madurista durante casi 30 años, precisamente para mantenerse en el poder.

La construcción -prácticamente desde cero- de una nueva infraestructura electoral democrática para garantizar un proceso técnico, legal y administrativo que garantice confiabilidad para los venezolanos de unas elecciones libres, justas y verificables, esto es, auténticas, transparentes y democráticas, no es materia trivial y debe ser estudiada a cabalidad y ser implementada previo a cualquier cronograma electoral.

Desde el vencimiento del plazo de 180 días que exige la Constitución (Artículo 234) para declarar la ausencia absoluta de quien ejercía el cargo de presidente de la República, la ciudadana Delsy Eloína Rodríguez Gómez, al no haberse declarado la falta absoluta del presidente en funciones por la Asamblea Nacional y convocado en consecuencia a elecciones, ejerce de manera ilegítima el cargo de presidente de la República desde ese vencimiento, creándose en el país desde ese mismo instante una presidencia sin ningún asidero jurídico.

Bajo esa misma condición de ejercicio ilegal de la presidencia de la República, se han modificado leyes muy importantes del país y otorgado concesiones petroleras que comprometen al Estado venezolano. Esos contratos y leyes promulgadas deberán ser obligatoriamente revisados y/o modificados, o definitivamente rechazados posteriormente por una representación legítima en el poder ejecutivo.

Esta situación ilegal se resolvería si se pudieran........

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