El sistema de salud venezolano, a pesar de haber tenido épocas de bonanza, ha experimentado un deterioro progresivo que impacta directamente la calidad de vida y el acceso a servicios esenciales para los ciudadanos. Este declive no es sólo resultado de la incapacidad, sino de un modelo de dominación más siniestro, gestado por la interacción de fuerzas económicas, políticas e influencias externas.

Venezuela con dos sistemas de salud paralelos, ha entrado a un estado estacionario.

Por un lado el sistema público: una red de atención que, en un principio, dependía de los ingresos petroleros para satisfacer las demandas. Sin embargo, a medida que estos recursos disminuyen y la población crece, el sistema público se vio profundamente afectado. Perdió el control sobre insumos, instalaciones, gestión y personal, transformándose de un sistema a un mero «entorno de supervivencia».

Por otro lado, un sistema privado basado en seguros de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), accesible solo para empleados de empresas o instituciones que ofrecían este beneficio. Este sector también ha enfrentado desafíos, para mantener sus precios y coberturas a medida que los ingresos petroleros mermaban y la demanda de salud aumentaba, incluso con inversiones de capitales surgidos de acuerdos políticos y necesidades reales.

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