Hay asesinatos que matan dos veces. La primera con la premeditación de quien tiene cargos públicos y responsabilidades de vida o muerte y la segunda cuando la realidad cobra este engaño con intereses, traducido en miles de seres humanos afectados. Cuando el poder corrompido le ofrece techo a quien no tiene nada, ese gesto debería ser sagrado porque toca la dignidad más básica de una persona, su estabilidad integral. Convertirlo en negocio, con contratos amañados y obras de última calidad es sin discusión un crimen que no tiene nombre ni perdón. Y lo más perverso es que la víctima, que asume y confia en el profesionalismo, la ética de quienes gobiernan, no lo sabe hasta que ya es demasiado tarde, hasta que las paredes que debían protegerla se convierten en su mayor amenaza. La corrupción en la obra pública no es un delito de cuello blanco y maletín, es un crimen con víctimas reales y escombros como evidencia. Las evidencias y cifras son tan crueles que duele hasta reportarlo.

Como era de esperarse en un sistema criminal, en el que el odio por el pueblo es extremo, los terremotos en Venezuela develaron lo peor, si es que era posible, de esta plaga que nos mal gobierna, dejando cientos de edificios desplomados y miles de personas damnificadas. Según los últimos datos, entre los hoteles, edificios privados y complejos residenciales que quedaron hechos polvo, un porcentaje considerable corresponde a desarrollos de la famosa Gran Misión Vivienda, programa lanzado por Hugo Chávez el 30 de abril de 2011. Toda construcción de viviendas es loable, lo que es repudiable es que se hayan violado las más elementales normas de construcción. Porque la Misión Vivienda prometía techo........

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