“En una guerra en las sombras, el ocultamiento es una forma de poder y la información se convierte en un arma. Si distorsionas la percepción de la realidad de tu enemigo, puedes manipularlo para que cometa errores estratégicos que pueden ser explotados para alcanzar la victoria. También es una gran defensa”.

Sean McFate

En el siglo XXI, el crimen organizado ha traspasado las fronteras del bajo mundo. En Venezuela se ha institucionalizado, asumiendo el ropaje de ministerios, uniformes y embajadas. Lo que en México o Colombia se presenta como cárteles que corrompen al Estado, en Caracas se ha convertido en algo más inquietante: un Estado que es el cártel.

Este fenómeno desafía no solo la política exterior de los países democráticos, sino el concepto mismo de soberanía. En teoría, un Estado existe para imponer la ley; en la práctica venezolana, la ley se convierte en una coartada para proteger el comercio ilícito de drogas, oro, petróleo y minerales. En su cadena de valor participan desde los más altos miembros del Poder Ejecutivo, oficiales de las Fuerzas Armadas hasta funcionarios del Servicio Exterior, financiando la corrupción y honorarios con los beneficios del contrabando.

La ventaja competitiva del crimen de Estado

El régimen de Maduro ha logrado algo paradójico y arriesgadamente eficaz: fusionar los activos de un Estado soberano con la acción criminal de un cártel transnacional. Esta combinación genera una ventaja tan peligrosa como competitiva que, una vez consolidada, resulta muy difícil de desmontar.

Tres pilares sostienen esta ventaja. Primero, el control sobre recursos críticos —petróleo, minerales, oro y rutas ilícitas— que garantiza un flujo constante de ingresos independiente de mercados legales o auditorías transparentes. Segundo, la infraestructura operativa —puertos, aeropuertos y fuerzas de seguridad— controlada por quienes se benefician directamente de su uso ilícito. Y tercero, la legitimidad formal —un reconocimiento parcial por parte de la........

© La Patilla