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El gobierno de Trump menosprecia el aporte fiscal de los indocumentados

Llenar las cuotas diarias de detenidos y deportados se antepone a sumar necesarios dólares a las arcas gubernamentales

Para Trump, su prejuicio contra los inmigrantes de color pesa más que los beneficios económicos que representan mediante su trabajo. Crédito: Julio Cortez | AP

Por  Maribel Hastings

Esta semana se declaran los impuestos en Estados Unidos y, como el año pasado, es probable que muchos inmigrantes indocumentados opten por no radicarlos por temor a ser ubicados y deportados por el gobierno de Donald Trump, todo en detrimento de las arcas del gobierno.

Hay un bloqueo judicial del acuerdo entre el Servicio de Rentas Internas (IRS) y ICE para compartir datos de los contribuyentes que emplean el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) que otorga el IRS a algunas categorías de no ciudadanos que no pueden obtener un número de Seguro Social. Pero el temor de los inmigrantes, indocumentados y autorizados, persiste, sobre todo en medio de la atmósfera antiinmigrante que vive el país.

Ya se sabrá si de todos modos este año hubo algún efecto en la radicación de impuestos de parte de personas sin documentos.

El año pasado, cuando se anunció el acuerdo, The Washington Post reportó que hubo un descenso a nivel nacional en la radicación de impuestos, tanto por parte de indocumentados como de residentes autorizados que viven en hogares de situación migratoria mixta.

“Nuestros clientes quieren pagar impuestos y quieren hacer lo correcto. Pero, ¿qué pasa si las autoridades de inmigración vienen porque han presentado su declaración de impuestos y acaban siendo deportados?”, dijo entonces al diario Diana Avellaneda, de la firma de impuestos DAPA en Maryland.

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Al 15 de abril de 2025, DAPA había tramitado 488 declaraciones de impuestos o prórrogas, frente a las 968 del mismo periodo en 2024, según Avellaneda.

El acuerdo entre el IRS y ICE seguirá bloqueado hasta que un tribunal de apelaciones, atendiendo el caso, emita un fallo.

Pero los hechos no cambian. Los inmigrantes, indocumentados y autorizados, pagan sustanciales sumas en impuestos y mantienen la solvencia de programas sociales vitales.

Es bueno repasar las cifras

Según el American Immigration Council (AIC), “en 2023 los hogares encabezados por indocumentados pagaron $89,800 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales”. En 2022, los impuestos combinados de esos inmigrantes indocumentados totalizaron casi $100,000 millones de dólares, según el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP).

También en 2022, “los indocumentados pagaron $25,700 millones de dólares en impuestos al Seguro Social, $6,400 millones en impuestos de Medicare, y $1,800 millones de dólares en impuestos del seguro de desempleo”, reportó ITEP. Son beneficios a los que no tienen derecho por su situación migratoria.

Y esas cifras están incluidas en los $651,900 millones de dólares que todos los inmigrantes, con y sin documentos, pagaron en impuestos en 2023, $419,800 millones de dólares en impuestos federales, y $232,100 millones de dólares en impuestos locales y estatales, según el AIC.

Pero para Trump, que se precia de ser un maestro de la negociación, su prejuicio contra los inmigrantes de color pesa más que los beneficios económicos que representan mediante su trabajo en industrias vitales, el pago de impuestos, su capacidad adquisitiva como consumidores, y su emprendimiento.

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Llenar las cuotas diarias de detenidos y deportados se antepone a sumar necesarios dólares a las arcas gubernamentales que se traducen en servicios, infraestructura y programas sociales que nos benefician a todos.

Según el ITEP, “cada descenso de 10 puntos porcentuales en la tasa de cumplimiento del impuesto sobre ingresos de los inmigrantes indocumentados reduciría los ingresos fiscales federales en $8,600 millones de dólares al año, y la recaudación fiscal estatal y local en $900 millones de dólares anuales”.

Un descenso de 30 puntos porcentuales en la tasa de cumplimiento del pago de impuestos supondría una reducción de $25,900 millones de dólares anuales para el gobierno federal, y $2,600 millones para los gobiernos estatales y locales.

Las deportaciones masivas de indocumentados suponen la pérdida de mano de obra vital, de emprendedores que abren negocios, de consumidores, de personas que tributan y mantienen a flote importantes programas sociales.Eso sin contar la parte humanitaria con la separación de familias, incluyendo las 4 millones de familias de situación migratoria mixta y los 5.1 millones de niños ciudadanos que viven en ellas.

Pero la legalización de esos 11 millones de indocumentados y concederles permisos de trabajo generaría entre $40,000 y $137,000 millones de dólares en ingresos anuales adicionales al fisco. “Esto se debe a que una mano de obra menos vulnerable a la explotación recibiría salarios más altos (y, por lo tanto, pagaría más impuestos) y aumentaría el cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto por parte de los empleadores como de los empleados”, según Americans for Tax Fairness.

Son las consecuencias de menospreciar el aporte fiscal de los indocumentados.

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