Cuando se habla de financiación autonómica, todo el mundo piensa que la cosa va de la pelea entre territorios por ver cuáles se llevan una parte mayor de la tarta de los ingresos que el Estado obtiene por los impuestos. Inmediatamente, cuando se presenta un modelo, surgen los agravios: quienes ganan tienden a sentirse satisfechos, mientras que los que pierden claman contra su supuesta marginación. Cuando, además, entra en juego el enfrentamiento entre partidos -en estos tiempos, brutal-, incluso entre los ganadores, si gobiernan una autonomía de signo contrario al del gobierno central, hay protestas y acusaciones de favorecer, por razones político-electorales, a comunidades determinadas.

Muy poco se menciona que la financiación autonómica sostiene las escuelas, los hospitales, las residencias de mayores, las carreteras regionales, la atención a la dependencia y los programas sociales. Es decir, las bases del Estado del Bienestar, cuyas competencias de gasto residen en las comunidades autónomas. En este marco, la lógica nos dice que la sanidad o la educación de la gente de Reus tienen que alcanzar unos índices de calidad que no anden muy alejados de los que disfrutan quienes viven en Cuenca o Tordesillas. Esos servicios se financian con impuestos, y éstos se establecen en función de las rentas y el patrimonio de las personas. Es decir, han de garantizarse........

© La Opinión de Murcia