La inclusión en el «acuerdo de Bruselas» de tres renglones sobre el lawfare (judicialización de la política) agrava el conflicto entre los tres poderes del Estado.

La puesta en marcha de comisiones parlamentarias con el rechazo unánime de la biosfera jurídica para verificar si ha existido un imaginario acoso judicial instaura un simulacro de señalamiento a jueces, fiscales y funcionarios que nada tiene que ver con el control jurisdiccional.

La Justicia es la última trinchera contra la arbitrariedad del Gobierno, por lo que cobra relieve la declaración del jefe del Ejecutivo en la que inquirido por la existencia del lawfare en España asintió, tildándolo de «instrumentalización partidista de las instituciones».

Salen a hablar quienes tienen por qué callar. El principal agraciado por la amnistía ha acusado de golpistas a los cuervos con toga de la justicia española.

Persisten los desacuerdos con la Comisión Europea, vigilante del Estado de derecho y garante de los tratados de la Unión por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la inadecuación de la elección de sus miembros a los estándares europeos y la excesiva dependencia gubernamental de la Fiscalía, a la que el Tribunal Supremo ha sentenciado por «abuso de poder».

La independencia e imparcialidad del poder judicial, el respeto al principio de legalidad y la certeza jurídica son otros tantos motivos de aprensión, la crisis sistémica que justificaría una intervención de la UE, por infracción de valores o mediante la vinculación de los fondos europeos al respeto al Estado de Derecho.

De acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo........

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