Negocios sin empleados y que llegan justos a fin de mes: FADE y las organizaciones de autónomos reclaman una reforma fiscal y ayudas al relevo generacional

La patronal asturiana, la principal organización nacional de trabajadores por cuenta propia y la asociación intersectorial del colectivo en Asturias sitúan entre sus prioridades rebajas en el IRPF, incentivos para el medio rural y medidas de conciliación para un sector con más de 70.000 profesionales en la región

Manifestación de trabajadores autónomos en Oviedo. / Irma Collín / LNE

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Asociación Intersectorial de Autónomos de Asturias (CEAT-Asturias) han reclamado este miércoles al Gobierno del Principado un giro en la política de apoyo al trabajo por cuenta propia, con una combinación de rebajas fiscales, incentivos al asentamiento en el medio rural, ayudas a la continuidad de negocios y medidas de conciliación. La patronal asturiana, la principal organización estatal del colectivo y la asociación que agrupa a autónomos de distintos sectores en Asturias sostienen que la situación del autónomo en la región exige una respuesta específica porque concentra varios factores de fragilidad a la vez.

La lectura de fondo que hacen las tres organizaciones va más allá de una demanda sectorial. Resaltan que una parte muy amplia del tejido económico asturiano descansa sobre micronegocios unipersonales, con poca capacidad para absorber costes, contratar personal o resistir interrupciones de actividad. Más de ocho de cada diez autónomos asturianos, en concreto el 80,13%, trabajan sin asalariados a su cargo; el 71,67% se concentra en el sector servicios; el grupo de edad más frecuente es el de 46 a 55 años, con un 32,5%, y el 64,30% lleva cinco o más años de alta en el RETA. Ese cruce de datos dibuja un colectivo arraigado, pero también envejecido y con limitada capacidad de crecimiento.

A este diagnóstico se suma el factor de renta. El rendimiento bruto medio del autónomo asturiano se sitúa en 17.311 euros y más de la mitad, un 56,16%, cotiza entre la base mínima y una vez y media esa base, lo que, según FADE, ATA y CEAT, confirma que buena parte del colectivo se mueve en márgenes muy estrechos. Las tres organizaciones sostienen que muchos profesionales quedan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional en términos netos y, aun así, soportan un tratamiento fiscal menos favorable que el de los trabajadores por cuenta ajena con ingresos equivalentes. Sobre esa idea construyen el núcleo político de su propuesta: que los autónomos con rendimientos netos inferiores al SMI no tributen y que se corrija la “asimetría fiscal” que, a su juicio, penaliza al colectivo.

El frente de la fiscalidad

Por eso el primer bloque de medidas se concentra en el IRPF y en los costes fiscales ligados al arranque o mantenimiento de la actividad. FADE, ATA y CEAT plantean elevar de 1.000 a 3.000 euros la deducción autonómica por establecimiento en concejos en riesgo de despoblación o crisis demográfica y añadir otra deducción de 3.000 euros para autónomos con rendimientos netos inferiores al SMI. La propuesta incorpora además que las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota puedan trasladarse a los cuatro ejercicios siguientes, una fórmula con la que buscan que la ventaja fiscal no quede vacía precisamente para quienes menos margen tienen.

La lectura que hay detrás es la de que si el autónomo tipo asturiano cotiza en los tramos bajos, trabaja solo y presenta ingresos modestos, una deducción convencional puede tener escaso efecto práctico si no existe cuota suficiente sobre la que aplicarla. De ahí que las organizaciones no se limiten a pedir una rebaja nominal, sino un diseño que permita materializarla en varios ejercicios. También recuerdan que las comunidades autónomas tienen limitaciones para establecer deducciones generales, de modo que intentan encajar la medida en los supuestos de nuevo establecimiento o en incentivos ligados al territorio.

Ese planteamiento se amplía con dos medidas conectadas con la despoblación. La primera es la exención total de tributos autonómicos o de gestión autonómica durante los tres primeros años para quienes inicien o trasladen su actividad a concejos en riesgo de despoblación. La segunda, la compensación de tributos locales para autónomos establecidos en municipios de menos de 10.000 habitantes, con cobertura sobre conceptos como el IBI afecto a la actividad, el impuesto de vehículos o tasas vinculadas al ejercicio profesional, con un máximo de 600 euros anuales. En ambos casos, el mensaje es claro: el medio rural no puede competir solo con apelaciones al arraigo si mantener un negocio allí resulta más costoso o más incierto.

Las organizaciones incluyen en esa exención autonómica referencias al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, al de Sucesiones y Donaciones en los supuestos no cubiertos por reducciones vigentes, al canon de saneamiento, al aprovechamiento de recursos forestales o a tasas relacionadas con la actividad. La ayuda estaría condicionada al mantenimiento de la actividad y del domicilio fiscal durante un mínimo de tres años, con reintegro proporcional si no se cumple el compromiso. En resumen, la propuesta de la patronal y los colectivos de autónomos no busca una bonificación sin contrapartida, sino que persigue ser instrumento de fijación de actividad en zonas con pérdida continuada de población y de empleo autónomo.

Envejecimiento y negocios unipersonales

Los colectivos creen que el retrato del autónomo no puede desligarse de una comunidad con fuerte envejecimiento demográfico y acusada tendencia a la despoblación rural. En ese contexto, la figura del autónomo no aparece solo como una categoría laboral, sino como una pieza que se vincula a comercio de proximidad, pequeños talleres, servicio profesional, actividad turística, hostelería o negocios familiares que mantiene abierta una persiana donde el mercado ya no garantiza por sí solo el relevo.

Con esa lógica, los autónomos y la FADE reclaman una deducción de 1.000 euros para contribuyentes que trabajen por cuenta ajena en municipios en riesgo de despoblación o crisis demográfica cuando hayan sido contratados por autónomos o microempresas de menos de diez trabajadores. La medida intenta atacar uno de los principales cuellos de botella del pequeño negocio fuera de los grandes núcleos: la dificultad para incorporar personal asalariado incluso cuando existe actividad suficiente para hacerlo.

Las organizaciones no dejan de lado la perspectiva de género. El colectivo sigue siendo mayoritariamente masculino, con un 57,76% de hombres frente a un 41,49% de mujeres, aunque subrayan que esa brecha es la menor de España. Aun así, consideran escasa la mejora y defienden reforzar las políticas de apoyo al emprendimiento femenino. Esa mención no es menor, porque conecta con otro de los bloques de actuación: la conciliación, donde la vulnerabilidad del negocio unipersonal se traduce con especial crudeza cuando hay maternidad, cuidado de menores o atención a dependientes.

La dificultad de encontrar modelo

Si la fiscalidad es el frente más inmediato, el relevo generacional aparece como el problema hacia el futuro. El perfil de edad del autónomo asturiano y el peso de actividades muy vinculadas a la experiencia o al arraigo local hacen que muchas empresas viables puedan desaparecer simplemente porque no encuentran sucesor. Para evitarlo, FADE, ATA y CEAT proponen una línea de ayudas que subvencione hasta el 75% del precio del traspaso en concejos de menos de 10.000 habitantes y hasta el 65% en el resto del territorio, con un tope de 30.000 euros en ambos casos.

La medida añade varios recargos acumulables del 5% si la persona adquirente es mujer, menor de 30 años, mayor de 52, desempleada de larga duración o si el negocio mantiene más de cinco trabajadores en el momento del traspaso. Junto a eso, prevé una compensación para quien transmite la actividad: 6.000 euros en la línea rural y 3.000 en la general en supuestos de jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento. El diseño deja ver que las organizaciones no contemplan el relevo solo como una compraventa privada, sino como una operación de interés económico y territorial, especialmente en ámbitos donde cerrar un negocio significa perder servicio, empleo y actividad en cadena. El requisito de que el negocio tenga al menos cinco años de antigüedad y el compromiso de mantener la actividad durante 24 meses refuerzan esa idea de continuidad.

Conciliación, digitalización y pequeño crecimiento

El resto del paquete intenta responder a vulnerabilidades más cotidianas del trabajo autónomo, como la falta de estructura para conciliar o para afrontar una sustitución temporal. Las tres organizaciones proponen elevar de 1.000 a 1.300 euros mensuales la ayuda para contratar a una persona sustituta durante embarazo, nacimiento y cuidado de menores o riesgo durante la lactancia natural, y ampliar el acceso a todas las autónomas, no solo a quienes ejerzan como personas físicas. A ello suman una línea nueva para subvencionar el 50% de los gastos pagados a centros o servicios de cuidado de mayores dependientes o personas con discapacidad, con un límite de 4.000 euros al año, además de pedir que se eleve el umbral de renta de las actuales ayudas Concilia, situado en 45.000 euros.

FADE, ATA y CEAT plantean mejorar el programa de impulso empresarial vigente para elevar al 60% la subvención de inversiones, frente al 50% actual, con una cuantía máxima de 7.000 euros por beneficiario. Entre las inversiones elegibles incluyen maquinaria, herramientas, equipos informáticos, licencias de software, obras de acondicionamiento del local, páginas web, aplicaciones, diseño de marca, redes sociales, accesibilidad y eficiencia energética. El enfoque sugiere que la competitividad del autónomo ya no se mide solo en equipamiento clásico, sino también en capacidad digital, imagen comercial y adaptación a nuevas exigencias normativas o de consumo.

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En el mismo sentido se sitúa la ayuda para la incorporación del primer familiar colaborador, con una cuantía general de 5.000 euros y de 7.000 euros en colectivos prioritarios como mujeres, personas con discapacidad, menores de 30 o mayores de 45 años. Es una medida pensada para estructuras muy pequeña en las que se pueda facilitar la continuidad del negocio.

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