Los distintos escenarios para Barbón ante la presión por el caso Cerredo: desde enrocarse a acometer a finales de mayo una remodelación del Gobierno

El Ejecutivo no descarta señalar responsabilidad política de los exconsejeros Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz en la gestión del servicio de Minas, pero aguardará a que se sustancien las conclusiones de la investigación parlamentaria

Adrián Barbón, en una imagen de archivo.

El Gobierno del socialista Adrián Barbón "no cierra ninguna puerta", ni siquiera la de señalar a exintegrantes del Ejecutivo como responsables políticos de las deficiencias detectadas en el Servicio de Minas a raíz de la investigación interna tras el accidente de Cerredo. "El compromiso es depurar todas las responsabilidades que haya que depurar. No nos cerramos ninguna puerta; es más, consideramos que esto es solo el principio dentro de ese compromiso de esclarecer todos los hechos", afirmó el portavoz del Ejecutivo, el consejero Guillermo Peláez.

Las opciones del Gobierno regional para digerir las consecuencias tras las investigaciones relativas al accidente de Cerredo aún no están escritas. Y el abanico es amplio: desde el plante firme para rechazar de plano asumir cualquier responsabilidad política a acometer, incluso y de paso, una remodelación en el Ejecutivo. Lo que sí tiene claro el Gobierno es que la digestión será lenta y no conviene precipitarse. Basta mirar el calendario. A lo largo del mes de mayo el debate estará en la redacción final del dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de Cerredo. Se producirán entonces importantes tensiones políticas. Por un lado, la izquierda del PSOE reclamará que queden señalados los exgestores de la consejería de Transición Ecológica: Enrique Fernández (hoy presidente de Hunosa), Nieves Roqueñí (hoy presidenta del Puerto de Gijón) y Belarmina Díaz (ya fuera del Ejecutivo). También es probable que el reproche alcance al exviceconsejero Isaac Pola, quien a la sazón estuvo al frente de la Consejería antes de 2019.

Por otro lado, la derecha no dudará en elevar el señalamiento al propio Barbón. Ese escenario determinará hasta dónde está dispuesto el PSOE a admitir el reproche interno; incluso si lo rechaza de plano, aun a riesgo de quedar como el único partido contrario a señalar responsabilidades políticas.

Peláez recalcó ayer que hasta la fecha el único resultado de investigación es el que ha realizado la Inspección General de Servicios, a instancias del propio presidente Barbón. Pero queda aún conocer a dónde conducirán tanto la vía judicial como la parlamentaria. Peláez subrayó que el Ejecutivo actuará señalando responsabilidades y adoptando decisiones "a medida que aparezcan nuevos datos", por lo que rechazó fijar de antemano futuras decisiones.

Peláez aseguró que el Ejecutivo mantiene intacto el compromiso de llegar "hasta el final" en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon al grave siniestro que causó la muerte a cinco trabajadores en una extracción ilegal de carbón por parte de una empresa, Blue Solving, que no tenía permiso del Principado para desarrollar esas labores.

El Ejecutivo es consciente de que la presión estará en señalar responsabilidades políticas por los fallos de la Administración. Parte de esa presión nace del propio socio de Gobierno, Izquierda Unida. Pero el hecho de que el PP, Vox y Foro hayan disparado por elevación responsabilizando directamente al propio Adrián Barbón permite al Ejecutivo afirmar que la derecha únicamente intenta "generar ruido" para desgastar al Gobierno. "Actuamos con absoluta tranquilidad y absoluta determinación", recalcó Peláez, quien recordó que la derecha consideró inútil la investigación interna cuyas conclusiones ahora usa como ariete contra el Ejecutivo.

Precisamente en el debate que se llevará a cabo en el marco de la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de Cerredo, cuyas conclusiones comenzarán a discutirse a finales de este mes, estará una de las claves sobre el señalamiento de responsables políticos. El propio Peláez destacó que la comisión se ha proclamado como el espacio en el que apuntar esas responsabilidades.

La aprobación del dictamen no excluye la presentación de votos particulares a partes del documento de conclusiones, lo que podría permitir un respaldo global con rechazo al apartado de responsabilidades. Queda por ver también qué tono emplea Izquierda Unida en este asunto, más allá del ya conocido. La próxima semana, el socio de Gobierno celebrará una reunión interna de la que se espera que salga una posición exigente que, quizás, ya señale algunos nombres.

La posibilidad de castigar a los exconsejeros no está descartada aún en el Ejecutivo, aunque tampoco está claro qué capacidad tendría el Gobierno para forzar ceses, en especial en Hunosa. Lo que comienza a apuntarse en medios próximos al PSOE es la posibilidad de que, llegado el caso, convenga más a Adrián Barbón aprovechar los movimientos para efectuar de paso remodelaciones en su Gobierno. De momento, todo son hipótesis.

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El portavoz del Ejecutivo destacó por otra parte la secuencia de decisiones adoptada por el Gobierno tras el accidente: la "renovación total" de la cúpula de la desaparecida consejería de Transición Ecológica ("ya no queda ninguno de sus responsables", enfatizó Peláez), el encargo del informe de inspección que ahora sacude al Gobierno, la asunción de sus once recomendaciones e, incluso, la adopción de medidas añadidas como la recuperación del Servicio de Seguridad Minera o la suspensión de los proyectos de investigación complementaria que impliquen extracción de mineral.

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