La oposición intensifica la presión política sobre el Principado por el accidente Cerredo, con el PSOE solo en la llamada a la prudencia

El PP denuncia “descontrol y dejadez” de la Administración, Vox apunta a posible “connivencia”, IU da por depurada la “máxima responsabilidad” con una dimisión, Foro habla de una “empresa pirata" con el Principado "mirando para otro lado", y el PSOE reclama “rigor y seriedad”

Covadonga Tomé, presidenta de la comisión de investigación parlamentaria, promete un dictamen “riguroso, objetivo y exhaustivo”

Interior de la mina de Cerredo / LNE

La oposición ha intensificado este martes la presión política sobre el Principado en el primer aniversario del accidente mortal de Cerredo, con un frente de críticas que fue desde la denuncia de “descontrol y dejadez” hasta la sospecha de posible “connivencia” administrativa. Frente a ese bloque de reproches, el PSOE se quedó solo en la defensa de la prudencia, al remitir cualquier conclusión política al dictamen final de la comisión de investigación. IU, por su parte, sostuvo que la principal responsabilidad ya fue asumida con la dimisión de la consejera, Belarmina Díaz. Covadonga Tomé, que presidente la comisión parlamentaria que investiga si algo falló en la administración, prometió un dictamen "riguroso y exhaustivo".

Un año después del siniestro en que murieron cinco trabajadores, PP, Vox y Foro coincidieron en endurecer sus acusaciones contra la actuación del Gobierno asturiano y en sostener que la documentación y las comparecencias conocidas hasta ahora refuerzan la exigencia de responsabilidades. El PSOE insistió en la llamada al “rigor y seriedad” de los trabajos parlamentarios.

PSOE: "Extraer enseñanzas útiles"

El diputado socialista Jacinto Braña mantuvo una posición de contención y evitó anticipar un juicio político cerrado sobre Cerredo. Su intervención se apoyó en una idea central: “máximo respeto” al trabajo de la comisión, a las víctimas y a la propia institución parlamentaria. Braña insistió en que el proceso debe desarrollarse con “rigor y seriedad” y defendió que será el dictamen final el que determine si hubo o no responsabilidades y de qué tipo.

El PSOE puso así el acento en el método más que en el balance político. Braña recordó que la comisión se encuentra en fase de estudio de la documentación y de las comparecencias y situó en junio el momento para fijar conclusiones. También subrayó que el objetivo debe ser extraer enseñanzas útiles para prevenir nuevos accidentes y mejorar los procedimientos administrativos. Sin embargo, el resto de grupos ya verbalizó conclusiones políticas contundentes.

PP: “Descontrol”, “dejadez” y una responsabilidad que no se agota en una dimisión

El diputado del PP Rafael Alonso sostuvo que lo conocido hasta ahora evidencia “descontrol y dejadez” en torno a la actividad minera y refuerza la necesidad de depurar más responsabilidades políticas. Aunque mantuvo un recuerdo a las víctimas y a sus familias, pero enseguida situó el foco en la actuación de la Administración, a la que atribuyó negligencia en el control tanto de la explotación como de las medidas de seguridad.

Alonso afirmó que las empresas afectadas siempre tuvieron intención de extraer carbón y sostuvo que a Blue Solving se le concedió un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) “en tiempo récord” que habría servido, según su versión, como cobertura para esa actividad. El parlamentario popular vinculó además esa falta de control con el precedente de otro accidente mortal en 2022 y con unas formas de trabajo que, dijo, parecían superadas. En esa línea, advirtió de que las responsabilidades políticas, en su opinión, “no pueden quedar solo en una dimisión” y reclamó también la publicación del informe de la Inspección General de Servicios.

Vox: De la negligencia a la sospecha de “connivencia”

Vox elevó aún más el tono de las acusaciones. Gonzalo Centeno afirmó que, con el paso del tiempo, las sospechas iniciales se están convirtiendo en “certezas” y sostuvo que en Cerredo pudo haber no solo “negligencia” de la Administración del Principado, sino también “connivencia”. Tras trasladar sus condolencias a las familias de los fallecidos y de los supervivientes, defendió que lo fundamental ahora es “que se conozca la verdad”.

Centeno fue especialmente crítico con la forma en que la Administración remitió documentación a la comisión, al asegurar que fue entregada de manera “deslavazada, mal entregada, mal clasificada”. También cargó contra el PIC, al que definió como una figura que “no existe ni en la ley ni en el reglamento”, y acusó al Principado de incumplir su deber de vigilancia sobre una explotación de dominio público. A su juicio, se permitió operar con permisos irregulares.

El diputado de Vox extendió además sus reproches a las medidas impulsadas tras el accidente. Restó valor a la comisión específica de Seguridad Minera por su carácter consultivo y calificó de “muy sospechoso” que un año después siga pendiente el informe de la Inspección General de Servicios.

Convocatoria-IU: La “máxima responsabilidad” ya se depuró

El portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas, se desmarcó del bloque más acusatorio y defendió que la “máxima responsabilidad” política por lo ocurrido “ya se depuró con la dimisión” de la consejera Belarmina Díaz. Recordó además expresamente que la comisión de investigación “no es un tribunal”.

Vegas comenzó con un recuerdo a los fallecidos y a los heridos y centró después su intervención en el objetivo de extraer medidas para que no vuelva a repetirse una tragedia similar. En ese marco, apuntó a la necesidad de revisar inspecciones, reforzar controles y examinar el funcionamiento de la Dirección General de Minas. También llamó a impedir que vuelvan a producirse situaciones en las que empresarios actúen sin las medidas de seguridad necesarias o para explotar carbón de manera ilegal.

Foro: “Responsabilidades políticas claras”

El diputado de Foro, Adrián Pumares, afirmó que en Cerredo operaba “una empresa que actuaba con total impunidad”, extrayendo carbón “de forma ilegal” con “la Administración mirando para otro lado”. Apuntó directamente a un fallo grave de vigilancia pública y reforzó la presión política sobre el Principado en el aniversario del accidente.

Pumares sostuvo que, incluso a la espera del dictamen final, ya existen “responsabilidades políticas claras” y cuestionó que quienes estaban al frente de esas áreas continúen ocupando cargos públicos. También atacó el PIC, al que definió como “una ficción jurídica” y “un auténtico fraude de ley”, al considerar que funcionó como cobertura para permitir la extracción irregular de carbón.

Tomé: "El dictamen estará en el plazo previsto"

Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión de investigación, fue cauta e institucional, aunque sin obviar dureza. Se limitó a subrayar que el dictamen se emitirá “en el plazo previsto” y será, según comprometió, “totalmente riguroso, objetivo y exhaustivo”.

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La diputada recordó también el compromiso asumido al ponerse al frente de la comisión: hacer “todo lo que estuviera en nuestras manos” para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse. Añadió que, en este caso, lo que corresponde al órgano parlamentario es depurar responsabilidades políticas, pero sin avanzar valoraciones concretas sobre el resultado de los trabajos. Envió también un mensaje de "memoria, verdad, justicia y respeto hacia familiares, amigos y compañeros de los fallecidos".

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