El Principado obvió citar en su Plan de materias primas las tres minas de carbón cuya reapertura había autorizado

Un documento estratégico presentado por Industria en 2023 afirma que solo estaba activa la explotación de Nicolasa, en Hunosa, pese a que la misma consejería había concedido permiso para operar a otras desde hacía al menos dos años

Participantes en la elaboración de la "Estrategia para la gestión sostenible de las materias primas" / LNE

El Gobierno asturiano obvió la existencia de minas de carbón reabiertas en su «Estrategia para la gestión sostenible de materias primas», un documento de planificación presentado públicamente en marzo de 2023 y que pretendía radiografiar la actividad extractiva en el Principado al tiempo que señalar sus potencialidades, también en el campo de las materias primas estratégicas.

Por aquel entonces, la dirección general de Minas había otorgado ya permisos a tres explotaciones de carbón en Asturias, situadas en zonas que en su día explotaron otras empresas que se acogieron al plan de cierre establecido por la Unión Europea. Mina Miura, en Ibias, operó entre 2018 y 2020 con un Proyecto de Investigación Complementario (PIC) y a partir de 2020 con permiso de explotación; la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea) recibió la autorización de su PIC en octubre de 2021, con permiso para extraer 30.000 toneladas inicialmente, y la mina de Pilotuerto (Tineo) comenzó a extraer mineral a mediados de 2021.

Sin embargo, el documento estratégico que debía trazar el horizonte de la actividad extractiva en Asturias, y que fue presentado públicamente, no hace mención a ninguna de las explotaciones, que llevaban mucho tiempo operando. La «Estrategia para la gestión sostenible de materias primas» dedicaba un apartado a «materiales carbonosos no térmicos» (eufemismo para referirse al carbón, aunque no destinado a centrales térmicas) e incidía en la posibilidad de usos siderúrgicos, precisamente al que ya se destinaba el carbón de las citadas minas. Pese a que ese marco era el adecuado para citar la existencia de tres explotaciones, ninguna aparece.

Más aún, literalmente, el documento señala que, «fruto de la estrategia de descarbonización europea y nacional» se ha «generado en Asturias una bajada drástica de las producciones de carbón en los últimos años». El informe refiere que en ese momento (2023) «existe una única mina abierta, San Nicolás, en Mieres, donde se extrae hulla», en referencia a la que operaba Hunosa con autorización delcEstado. Ni una mención se hacía a las otras tres minas activas.

Tampoco aparecen ni en el apartado relativo a la posibilidad de existencia de «grafito natural», ni en el que habla de la investigación sobre «carbón coquizable» y su posible inclusión entre las materias primas estratégicas de la UE. Simplemente, las minas no estaban.

Lo paradójico es que ese documento fue impulsado por el Gobierno asturiano, coordinado por la entonces Consejería de Industria (en manos de Enrique Fernández, hoy presidente de Hunosa) y por la directora general de Minería, Belarmina Díaz. También participaron empresas mineras, los sindicatos, la Universidad de Oviedo y varios institutos científicos.

Para entonces ya estaba vigente la ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021. El Ministerio esgrime esa norma para afirmar que no tiene «conocimiento» de la existencia de ninguna mina de carbón activa en Asturias, tal y como reveló LA NUEVA ESPAÑA. El Ministerio resalta que desde Asturias no se efectuó el trámite de consulta al Instituto para la Transición Justa (preceptivo por ley) para autorizar las explotaciones que estuviesen situadas en minas acogidas al Plan de Cierre de la Unión Europea y cuya licencia concedió el Principado.

Tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA, el artículo que obliga a consultar ante el ITJ los posibles permisos a minas cerradas fue introducido por el Ministerio dado su «recelo» hacia las interpretaciones del criterio de cierre de la Unión Europea que se hacía desde el Gobierno asturiano.

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Actualización estadística

El Gobierno regional afirmó este viernes que el hecho de que no se trasladase a Madrid información estadística sobre el carbón extraído en las minas reabiertas obedeció a una «falta de actualización de los registros». También señaló que en 2023, Sadei (órgano estadístico del Principado) intentó obtener datos, pero las empresas no los facilitaron. Lo cierto es que el propio Gobierno regional incluyó por ley la continuidad de la publicación de la estadística de extracción de carbón, mediante la ley que aprobó el plan estadístico regional. Esa norma establece la obligatoriedad de las empresas a proporcionar información, pero también la del Principado para ofrecer los datos.

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