El contrato interadministrativo No. 1908 de 2025, suscrito entre el municipio de Neiva y la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), genera interrogantes que deben ser analizados con lupa por las entidades de control.

Bajo el prestigio de la “Nacional” se esconden riesgos estructurales y financieros ineludibles; hablamos de 4.120 millones de pesos de los neivanos entregados mediante contratación directa, una modalidad que, aunque legal, evade la competencia de una licitación pública. Es, en la práctica, un contrato entregado a dedo.

El primer campanazo de alerta surge de la naturaleza del ejecutor. El documento fue firmado por Miguel Antonio Huertas Sánchez, decano de la Facultad de Artes de la sede Bogotá. Resulta inquietante que un proyecto de tal complejidad técnica, que exige estudios de gestión del riesgo, servicios públicos y cartografía de precisión, sea liderado por una facultad cuya misionalidad dista de la ingeniería civil o el derecho urbano. Esta falta de idoneidad técnica ha sido cuestionada en otras regiones por su limitada capacidad operativa en temas de planificación dura.

Las malas experiencias con la UNAL en convenios interadministrativos son recurrentes. En 2023, la Procuraduría puso la lupa sobre “convenios” similares en Medellín por más de 9.000 millones de pesos. Allí, la universidad fue señalada por ejecutar objetos ajenos a sus facultades (como temas de comunicaciones a través de la Facultad de Minas), bajo la sospecha de que estos convenios servían para “tercerizar” recursos, favorecer intereses particulares y saltarse la Ley 80 de contratación.

En ciudades intermedias como Neiva, somos esclavos de los diagnósticos. La academia suele entregar modelos teóricos brillantes en el papel, pero desconectados de la realidad fiscal y la capacidad de ejecución local. El resultado son documentos engavetados o cartografías erróneas que terminan costando miles de millones en demandas o retrocesos.

Este contrato para Neiva enfrenta, además, un alto riesgo por la escasa presencialidad pactada. Es inaudito que para un proyecto de esta magnitud la minuta solo exija a tres profesionales con permanencia en la ciudad. El POT no se construye con satélites ni desde una oficina en Bogotá; se construye caminando las comunas y corregimientos.

Finalmente, es grave la ausencia de una interventoría externa técnica. Al quedar la vigilancia exclusivamente en manos de la Dirección de Ordenamiento local, se crea un escenario de “juez y parte” donde la supervisión política podría primar sobre la técnica. Neiva no puede permitirse otro fracaso urbanístico; el costo es demasiado alto para recibir, a cambio, un manual de buenas intenciones que no resuelva la inseguridad jurídica que hoy frena el desarrollo de nuestro municipio.

© La Nación