El inicio de la vacancia judicial entre el 20 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026 coincidió con uno de los momentos de mayor tensión constitucional del año: la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica mediante el Decreto 1390 de 2025. La paradoja es evidente. En el instante en que el Presidente, con la firma de todos sus ministros, adquiere facultades legislativas extraordinarias bajo el artículo 215 de la Constitución, el órgano encargado de ejercer el control automático de constitucionalidad, la Corte Constitucional, conforme al numeral 7° del artículo 241 de la Norma Suprema, se encuentra institucionalmente inactivo. En consecuencia, el decreto que en la práctica significa mayor poder normativo para el Ejecutivo Nacional no podrá ser examinado sino hasta después de culminada la vacancia.

El comunicado de la Corte Constitucional del 23 de diciembre de 2025 reconoce esa tensión, pero........

© La Nación