Desde hace 67 años, la relación entre el Estado mexicano, la industria del café y los pequeños productores ha sido una tragicomedia amorosa, pletórica de promesas incumplidas. Trepado en una montaña rusa de cambios de política, el noviazgo de las administraciones federales y los caficultores pasó desde entonces, del sutil cortejo, al control absorbente, al abandono irresponsable y ruptura de su compromiso, a las falsas promesas de atención y cuidado, hasta llegar al ofrecimiento de un nuevo trato envuelto en bellas palabras. 

La historia moderna de ese romance comenzó en 1958, con la creación del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) para desempeñar funciones de investigación, experimentación y asistencia técnica. En 1973, con Luis Echeverría, modificó sus funciones. Desde arriba, pasó a controlar el proceso de organización, acopio y exportación del aromático. Con los incontenibles vientos del neoliberalismo soplando, en 1989 el gobierno mexicano votó enjundioso la ruptura de las cláusulas económicas de la Organización Internacional del Café (OIC), que regulaban el mercado mundial del grano. El instituto desapareció, y los pequeños cultivadores tuvieron que nadar en un mar infestado de tiburones empresariales y precios de hambre. 

A partir de ese momento, las cosas fueron a peor. En 1987, México era el cuarto productor mundial del grano. En la actualidad ocupamos apenas el décimo lugar (https://shorturl.at/ZuYYg). Los apoyos se........

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