La batalla claudista por reservar para México la posibilidad de enjuiciar a uno de sus más indefendibles gobernadores, Rubén Rocha Moya, y no cederlo a la ruidosa exigencia estadunidense, tiene como telón de fondo que el de Sinaloa no es el único integrante del elenco de mandatarios estatales (e incluso a nivel de gabinete presidencial) que merecería ser sometido a procesos judiciales por corrupción y por una de las variantes ahora taimadamente perseguida por el país vecino, la del narcotráfico.

Predestinada para la sucesión de 2024, Claudia Sheinbaum recibió, junto con la candidatura presidencial morenista, la herencia de poderes estatales y de “corcholatas” que debería acomodar en cargos relevantes. Ya con la banda tricolor al pecho e instalada en Palacio Nacional, la constructora del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación no ha podido deshacerse más que en mínima cantidad del legado condicionante.

El virtual sindicato de gobernadores de la 4T (Morena y el Verde) y de........

© La Jornada