Durante el sexenio pasado, el país vivió una expansión sin precedente del gasto social. Programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida extendieron la presencia del Estado en territorios históricamente marginados y permitieron, por primera vez, que millones de personas recibieran ingresos regulares del presupuesto público. Según datos de México Evalúa, el gasto en subsidios, transferencias y aportaciones alcanzó 1.3 billones de pesos en 2024, más de 50 por ciento por encima de lo ejercido en 2018 (México Evalúa, 2024). 

Estas políticas respondieron a una demanda impostergable de justicia social. Fueron, y siguen siendo, necesarias en un país marcado por décadas de desigualdad estructural, informalidad laboral crónica y abandono del campo. Entre 2018 y 2022, la pobreza multidimensional se redujo de 51.9 a 46.8 millones de personas, en buena medida gracias al incremento del gasto social (Coneval, 2023). Se trató de un esfuerzo redistributivo legítimo que corrigió una omisión histórica del Estado mexicano. Pero esa justicia, por sí sola, no genera desarrollo. 

Las transferencias permiten resistir, pero no construir. El efecto multiplicador del gasto social ha sido limitado: al no estar vinculado a un sistema productivo fuerte, el aumento del consumo no se ha traducido en crecimiento económico sostenido ni en generación de empleo formal. Y lo más preocupante: gran parte de esa demanda adicional impulsada por el gasto social se ha canalizado hacia la compra de bienes importados, sin fortalecer a la planta........

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