El 24 de marzo de 2026 se cumplieron cincuenta años del episodio más trágico de la historia argentina: el golpe de Estado que instauró la dictadura cívico-militar-eclesiástica, responsable del genocidio sufrido en nuestra Patria en el siglo XX.

El quincuagésimo aniversario de aquel quiebre institucional no constituye únicamente una fecha de conmemoración sino, en el contexto político actual, un desafío de lucha contra quienes hacen apología de la dictadura e impulsan una narrativa negacionista. A 50 años del inicio de esa tragedia argentina, la conmemoración se presenta como una disputa en torno a la memoria, la verdad y la justicia. Frente a nosotros se despliega una oportunidad privilegiada para impulsar el análisis histórico, jurídico y sociológico de un período cuyas consecuencias continúan estructurando nuestra experiencia social, política y económica.

La comprensión cabal del golpe del 24 de marzo de 1976 requiere inscribirlo en la inestabilidad política que caracterizó a la Argentina desde el derrocamiento del gobierno progresista de Juan Domingo Perón en 1955, que incrementó las persecuciones contra el movimiento obrero, después de los bombarderos a Plaza de Mayo. La proscripción del peronismo durante 18 años viabilizó un sistema político clausurado, incapaz de darle gobernabilidad a ningún partido político que legitimara la participación del movimiento mayoritario.

El retorno de Perón al país en 1973 y su posterior fallecimiento en julio de 1974 abrieron un período de agudización de las contradicciones internas del movimiento peronista y de la sociedad argentina en su conjunto. El gobierno de María Estela Martínez de Perón, signado por la parálisis política, la persecución a militantes de izquierda y la espiral inflacionaria, fue el pretexto utilizado por los sectores neoliberales para dar el golpe.

El prólogo criminal de dicho contexto fue impulsado por la acción de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), organización paramilitar que operaba desde las estructuras del propio Estado, impulso del entonces Ministro de Bienestar Social, José López Rega. Entre 1973 y 1976, la Triple A asesinó a miles de militantes de izquierda, sindicalistas, abogados, periodistas e intelectuales, inaugurando de facto la lógica del terrorismo de Estado que la dictadura posteriormente sistematizó. Esta continuidad entre la violencia paraestatal del período constitucional y la represión sistemática de la dictadura es parte de un mismo proceso, funcional a los intereses de los EEUU, comprometidos en la Guerra Fría.

Por su parte, las organizaciones político-militares, como los Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), habían sido muy debilitadas para fines de 1975. No representaban una amenaza real al orden estatal en términos militares. Sin embargo, sus acciones fueron instrumentalizadas por los sectores golpistas para justificar la necesidad de una «solución final» al problema de la «subversión». La apelación a la amenaza subversiva para legitimar el terror fue la narrativa básica utilizada para esconder el verdadero objetivo del golpe: la aplicación de un programa neoliberal ortodoxo, capaz de darle continuidad a las medidas adoptadas en el «Rodrigazo», en la última etapa del gobierno de Isabel Perón.

Por su parte, las organizaciones político-militares, como los Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), habían sido muy debilitadas para fines de 1975. No representaban una amenaza real al orden estatal en términos........

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