La Unión Europea lleva años planteado la instauración única del coche eléctrico como uno de los pasos fundamentales en su proyecto de transición verde. Según la vigente normativa europea, confirmada en 2023, se prohibirá la fabricación y comercialización de los vehículos que funcionen con gasolina o diésel a partir del 2035. No obstante, podrán seguir circulando hasta el año 2050.

Esta iniciativa de la Unión Europea no ha estado exenta de polémica debido a distintas problemáticas que rodean a la aplicación efectiva de la misma.

En primer lugar, los procesos de desindustrialización en Europa, motivados por la deslocalización productiva, que llevó a muchos fabricantes a aprovechar las peores condiciones laborales en otras partes del mundo para obtener mayores beneficios durante años.

En la actual coyuntura, algunos de los fabricantes europeos ya han amenazado con trasladar sus fábricas a otros territorios, para garantizar así sus beneficios pese al coste que les pudiese suponer en primera instancia la transición hacia el coche eléctrico.

Aunque se han ofrecido incentivos a estas empresas, lo cierto es que esta amenaza sigue sobre la mesa, esperando, probablemente, nuevas reformas laborales que sigan incidiendo en una merma creciente de los derechos laborales en el continente.

Por otro lado, debemos señalar la carencia de materiales críticos en la Unión Europea que puedan garantizar el desarrollo efectivo de esta transición verde.

Un estudio solicitado por la Asociación Europea de Productores de Metales (Eurometaux), y llevado a cabo por la universidad belga KU Leuven, destaca que en 2050 Europa necesitará al año para sus tecnologías limpias 4,5 millones de toneladas de aluminio, lo que supone un aumento del 33 % de las importaciones; 1,5 millones de toneladas de cobre, un 35 % más que lo que se importa actualmente; 800.000 toneladas de litio, 3.500 % más que en la........

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