De nuevo se desataba la polémica en relación con el derecho a la libertad de prensa y expresión en Europa con el anuncio del cierre del canal de mensajería Telegram en España.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, emitía un auto que establecía este bloqueo como medida cautelar ante la demanda de Mediaset, AtresMedia, Movistar Plus y EGEDA, por la distribución de contenido sujeto a derechos de propiedad intelectual.

Según el auto del juez, la medida se establecía ante la incapacidad de iniciar otros mecanismos por la "falta de colaboración" de la empresa que gestiona la popular aplicación de comunicación y que, en la actualidad, tiene sede en las Islas Vírgenes.

Muchas han sido las críticas a esta medida, lo que llevó a que el pasado lunes, el mismo juez reculara en su intención de bloquear la aplicación, solo a la espera de un informe detallado de la policía en relación con la actividad en Telegram. Es decir, la amenaza sobre el posible cierre de la aplicación sigue vigente.

Tras la presentación del auto de Pedraz, que exigía el bloqueo de Telegram, se denunció que no se había tenido en consideración cómo podía afectar la medida a los usuarios, unos 8,5 millones, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España.

Por otra parte, también fue criticada la justificación para la medida de bloqueo al supeditarla a la........

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