Es el saqueo (y no la libertad) lo que avanza en Argentina
En la coyuntura actual argentina se combinan una crisis política de final abierto con los escándalos de corrupción que comenzaron con la criptoestafa $Libra del propio presidente Javier Milei, pasando por las coimas recibidas por altos funcionarios -como la Secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario Karina Milei- hasta el que hoy involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Todo esto afecta al conjunto del gobierno, junto con problemas de fondo como la creciente baja en la popularidad y credibilidad social del oficialismo.
El estado cataléptico de la industria, la construcción y el comercio y la caída del poder adquisitivo de los salarios y la calidad del empleo reforzaron la atención colectiva hacia los hechos de corrupción y teñido de color muy oscuro la imagen presidencial, que avanza en su tercer año de mandato con la peor imagen desde que asumió. Sus insultos constantes contra periodistas y empresarios han acicateado la búsqueda de una salida.
«El poder no se conforma con una persona sensata, sino también con una política económica, no solo un plan de negocios», señala Horacio Verbitski, director de El Cohete a la Luna.
Jaqueado por la evidente pérdida de popularidad y el malestar popular, en una entrevista política en el canal libertario Neura, Milei aseguró el jueves por la noche que su gobierno enfrentó un supuesto golpe de Estado (financiado por Venezuela, «un conjunto de hijos de puta» querían hacer un golpe de Estado, dijo) y relató un presunto intento de coima de parte de un empresario. También se refirió a los supuestos aportes rusos en medios de comunicación del país.
Sus dichos motivaron una denuncia penal de la diputada Marcela Pagano, quien lo acusó de presunto encubrimiento. Señaló que el mandatario no podía hablar públicamente de hechos de semejante gravedad sin denunciarlos. En su presentación judicial sostiene que, si Milei tenía conocimiento de posibles delitos contra el orden constitucional y de un supuesto hecho de corrupción, estaba obligado a dar intervención a la Justicia.
En enero, el 43 % consideraba que las medidas del Gobierno “son necesarias aunque duelan”. En mayo ese respaldo se diluyó al 32 % y la aprobación de la gestión libertaria es la más baja desde el inicio del mandato. Se acumulan 17........
