La "desbandada transfronteriza" del enclave colonial español de Ceuta en estos días no es un fenómeno espontáneo (ni migratorio en sí), sino el resultado de una larga secuencia de decisiones diplomáticas, transformaciones jurídicas y tensiones sociales que se han ido acumulando desde décadas, pero intensificándose desde 2020. En el trasfondo se entrecruzan la reconfiguración internacional del conflicto del Sáhara Occidental, la inveterada carencia de política exterior española, la profunda crisis social que atraviesa la juventud marroquí bajo un régimen marcado por la corrupción estructural y el creciente papel de Marruecos como actor proimperial en el Sahel.

El punto de inflexión se sitúa en diciembre de 2020, cuando la administración estadounidense reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la normalización diplomática entre Rabat y el régimen sionista que ocupa Palestina. Este gesto rompe el consenso internacional vigente desde 1975 y desata una reacción en cadena: Argelia refuerza su apoyo al Frente Polisario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula sucesivamente los acuerdos comerciales y pesqueros que incluyen recursos saharauis, y Marruecos intensifica su presión para que los Estados europeos respalden su plan de autonomía.

A partir de 2021, varios gobiernos europeos --Alemania, Países Bajos, Italia, incluso Francia-- se subordinan a los dictados de Washington, acercándose a las posturas marroquíes sobre el Sáhara. Sus argumentos, en adelante, intensificarán el mantra de que Marruecos es un socio clave para la contención migratoria, la seguridad regional y la cooperación antiterrorista. La UE al completo se desliza en la práctica hacia una aceptación tácita de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, aunque jurídicamente seguía reconociendo el derecho a la autodeterminación.

En marzo de 2022, el Reino de España ejecutó un giro diplomático sin precedentes al alinearse con Rabat y respaldar el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, abandonando de facto su posición histórica de apoyo al derecho saharaui a la autodeterminación reconocido por Naciones Unidas. Este viraje supuso una ruptura con la doctrina jurídica internacional que considera al Estado español potencia administradora de iure del territorio desde 1975, dado que nunca culminó un proceso de descolonización conforme a la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General ni transfirió legalmente la soberanía a ninguna otra autoridad.

Al aceptar la tesis marroquí, el Gobierno español se distanció de sus obligaciones como antigua metrópoli --obligaciones que incluyen proteger a la población saharaui, garantizar un referéndum y no favorecer la anexión de un territorio pendiente de descolonización-- y dejó sin respaldo político a un pueblo que, hasta 1976, habitaba territorios administrados como provincias españolas y cuyos vínculos jurídicos con España siguen reconocidos en múltiples normas internas. Este giro constituye, pues, una villanía y una traición histórica: España renuncia a su responsabilidad colonial, legitima la ocupación marroquí y se sitúa en contradicción con el corpus jurídico de la ONU, que, cada vez más tímidamente, sigue exigiendo un proceso de autodeterminación libre y verificable.

Pero tal decisión provoca,........

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