En Colombia, la inseguridad no siempre nace del crimen, sino del caos con el que intentamos enfrentarlo. Las entidades del Estado actúan como islas que compiten entre sí, en lugar de engranajes que se complementan. Cada institución diseña su propio plan, lanza su estrategia, publica sus resultados y defiende su parcela. Mientras tanto, el ciudadano —a quien deberían proteger— queda atrapado en un laberinto institucional donde la responsabilidad se diluye y la coordinación es más promesa que práctica.

La fragmentación institucional es, quizás, el enemigo más silencioso de la seguridad pública. No se ve en las estadísticas de homicidios ni se denuncia en los titulares, pero se percibe en cada respuesta tardía, en cada operativo inconexo, en cada política que se lanza sin continuidad. Los delitos se transforman y adaptan con rapidez; las instituciones, en cambio, siguen respondiendo como si el país fuera un tablero dividido por jurisdicciones más que un ecosistema interdependiente.

David Garland, en su obra The Culture of Control, advertía que las sociedades contemporáneas tienden a convertir la inseguridad en una herramienta política. Bajo esa lógica, las políticas se diseñan para ofrecer una sensación inmediata de control —más patrullas, más penas, más anuncios— antes que para construir soluciones coordinadas y sostenibles. En Colombia hemos caído en ese ciclo: se reacciona con despliegues visibles, pero........

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