La institucionalidad colombiana atraviesa uno de sus episodios más delicados en los últimos tiempos. La reciente filtración de audios protagonizados por el excanciller Álvaro Leyva, la tensión pública entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, sumados a la sorpresiva renuncia de Laura Sarabia como canciller, han dejado al Gobierno en un estado de profunda vulnerabilidad política y administrativa.

Los audios de Leyva revelaron afirmaciones inquietantes sobre supuestos planes conspirativos contra el presidente Petro, mencionando incluso la posibilidad de complicidad desde Estados Unidos y grupos armados ilegales. Estas declaraciones han generado alarma y han profundizado las divisiones internas. Tal filtración no solo afecta la credibilidad interna del gabinete, sino que proyecta una imagen de incertidumbre institucional ante la ciudadanía y la comunidad internacional.

La reacción de Francia Márquez ante estas acusaciones fue inmediata y contundente. La vicepresidenta negó cualquier participación en conspiraciones y solicitó una investigación urgente para esclarecer los hechos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: la percepción pública refleja un Ejecutivo fracturado internamente, incapaz de proyectar unidad y coherencia, aspectos fundamentales para el funcionamiento eficaz del Estado.

La crisis escaló rápidamente cuando el presidente Petro demandó públicamente explicaciones judiciales sobre el contenido y la veracidad de los audios filtrados. Esta decisión, si bien busca transparencia, también expone al país a una peligrosa mezcla entre lo judicial y lo político, arriesgando la institucionalidad. En lugar de disipar dudas, estas acciones han incrementado la tensión política y han debilitado aún más la imagen del Gobierno.

Por otro lado, la renuncia de Laura Sarabia como canciller, después de menos de dos años en el cargo, aumentó el caos institucional. Sarabia citó "diferencias profundas" sobre la........

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