La embajadora se llama Karima Benyaich. He oído que alguien en el Congreso de los Diputados (y las Diputadas, por supuesto) ha dicho que el ministro Albares había convocado a la embajadora, pero que esta no se había dignado aparecer porque estaba fuera de Madrid. ¿Y no tiene móvil?, me pregunto.

Desde que sucedió la invasión, el 30/31 de julio, los españoles –a la hora de redactar estas líneas— no hemos sabido nada de esa importante medida adoptada, según cuentan, por el señor Albares. Ahora, por alguna extraña razón, nuestros gerifaltes se han dignado filtrarla indirectamente. Claro, hasta ahora no se sabía que había sido el Estado gamberro –término que emplea no solo Chomsky, sino también hasta el diario El País, menos sospechoso…– el responsable de la gamberrada y, por lo tanto, no había por qué llamarle la atención ni tampoco molestar al vecino.

Pero ahora resulta que, después de casi un mes de estar haciendo mutis por el foro, mirar a la luna, decir tururú y exculpar al vecino, ahora, digo, después de negarlo más tres veces –como hizo san Pedro–, ahora sí, ha aparecido un informe jurídico-policial que desmiente la versión de los temerosos lacayos. Y es entonces cuando nos hemos enterado de que el valiente Albares cumplió con su obligación y ejerció sus papeles constitucionales.

Lo cierto es que el uno y la otra (o viceversa) no hacen sino jugar al gato y el ratón y al juego de la pelota, de hacer la pelota, a ver quién la hace más. Y digo esto porque cuando un convocado no acude al requerimiento de un juez, este, por lo menos a la tercera, le echa los perros y manda a la Guardia Civil u otras fuerzas del orden a buscarlo y traerlo por las orejas. Y a lo peor, con la imposición de una multa o una pena de cárcel, según –que hay muchos segunes–, según la familia, los millones y los enchufes.

Entonces, digo yo, si el juez (o jueza) puede dar empleo y valerse de la........

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