El desahucio de Maricarmen en Madrid ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ha hecho saltar la acampada de la Puerta del Sol en Madrid y se ha extendido por todo el Estado un clamor por la vivienda. Estamos hartas de los discursos reaccionarios de la derecha y del neoliberalismo, y de la vergonzosa respuesta de la izquierda parlamentaria. No aceptamos legitimar la especulación ni el derecho de los rentistas a extraer beneficio de nuestra fuerza de trabajo. No aceptamos que la vivienda sea una mercancía sujeta a las dinámicas salvajes del mercado inmobiliario. No aceptamos el discurso de la meritocracia ni la criminalización de quienes no pueden acceder a un alquiler o una hipoteca en condiciones.

Según el CGPJ, hace 10 años, el 50% de los desahucios era de alquileres, mientras que en 2025 fueron el 75%. Estos datos están ligados a la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora respecto al mercado inmobiliario. La realidad es que en 2000 una persona con contrato indefinido y sueldo medio podía acceder a una hipoteca con 31 años y pagarla en 20 años. En 2025, una persona en las mismas condiciones laborales compra una propiedad con 42 años y tarda 25 años en pagarla. El argumento meritocrático cae por sí solo. Y cae con mayor fuerza cuando se conoce que en el 2025, el 35% de viviendas se pagaron al contado. ¿Cuántas personas, por muchas horas que trabajen, y por mucho que ahorren, pueden pagar al contado un piso? Estos pisos pagados al contado son adquisiciones de grandes propietarios y fondos de inversión, que ahogan a la clase trabajadora con la complicidad del “gobierno más progresista de la historia”.

El Estado trabaja al servicio del capital, ejerciendo una violencia institucional estructural sobre la clase trabajadora, y el Gobierno «más progresista de la historia» es cómplice de ello. Reprime mediante los........

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