Lo ocurrido en el local del Sindicato de Estudiantes en Valencia no es una anécdota ni un exceso aislado. Es una señal. Una señal grave, inquietante, profundamente peligrosa. Cuando un cargo público entra por la fuerza en un espacio social, rompe una cerradura, registra sin autorización y lo graba con total impunidad, no estamos ante una “polémica política”: estamos ante una vulneración directa de derechos democráticos básicos. Y lo más preocupante no es solo el acto en sí. Es lo que representa. Porque cuando alguien con poder institucional actúa como si estuviera por encima de la ley, está lanzando un mensaje claro: hay derechos que ya no son intocables. Que pueden ser ignorados. Que pueden ser pisoteados si quien lo hace tiene suficiente respaldo político o se siente legitimado por su ideología. Esto no va de una puerta rota. Va de una línea que se cruza.

La historia nos ha enseñado —demasiadas........

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