El Gobierno anunció a bombo y platillo una decisión histórica: la consolidación del embargo de armas a Israel y la prohibición de importar productos procedentes de asentamientos ilegales en territorios palestinos. Un gesto que, sobre el papel, parecía alinearse por fin con el derecho internacional, los derechos humanos y una mínima decencia política. El 23 de septiembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley con medidas “urgentes” contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Urgentes, dijeron. Firmes, insistieron. Morales, se felicitó el Ejecutivo.

Pero la realidad, una vez más, se ha encargado de desnudar el discurso.

Tres meses después de la aprobación de ese embargo,........

© Kaos en la red