El reciente anuncio de Glovo de que transformaría su modelo de negocio para “cumplir con la legislación” llegó casualmente un día antes de que su fundador, Óscar Pierre, tuviera que comparecer como investigado. Y es que, con la entrada en vigor en 2021 de la “Ley Rider”, que obligaba a las plataformas de reparto a contratar a sus repartidores como asalariados, el gobierno prometió un avance nunca antes visto para estos trabajadores. ¿Seguro?

La reforma, anunciada a bombo y platillo, podría costar a Glovo unos 100 millones de dólares anuales. Cifra que palidece ante los entre 440 y 770 millones de euros que la empresa se ahorró en cotizaciones sociales gracias a la estafa de los falsos autónomos. Pero lo peor es que la transición al nuevo modelo se llevará a cabo —gracias a la “libertad capitalista”— sin el menor control y como........

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