Hecha la Ley, hecha la trampa

En España siempre hemos elevado la picaresca a la categoría de virtud o característica propiamente española. No podemos negar que nos gusta la picaresca, la pillería, la astucia y, en general, siempre que podemos aplicamos ese refrán tan nuestro: “Hecha la ley, hecha la trampa”. Y si bien es algo normalizado, sorprende la facilidad con la que hemos asumido que esa picaresca pueda emplearse en asuntos de cierta relevancia, especialmente en la política actual.

El pasado 22 de marzo, a pesar de ser domingo, entró en vigor el Real Decreto-Ley 8/2026, de “medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán”. Dicho Real Decreto-Ley, aunque escueto –el Consejo de Ministros iba con retraso– ha incluido una prórroga extraordinaria, que permite a los inquilinos prorrogar hasta dos años los contratos de arrendamiento en las mismas condiciones si estos finalizan antes del 31 de diciembre de 2027, y una limitación de la actualización anual de la renta de los contratos, que impide que la misma sea superior al 2 %. La ley.

El Real Decreto-Ley, a pesar de surtir efectos desde su entrada en vigor, debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días, dejando de surtir efectos en caso de que no se obtenga la mayoría necesaria. No obstante, hasta que se produzca la votación, los inquilinos que cumplan los requisitos pueden acogerse a las medidas extraordinarias. Deben darse prisa porque seguramente solo tengan 30 días, vamos, como las rebajas. La trampa. Aunque técnica y jurídicamente la aprobación del Real Decreto-Ley es completamente válida –a pesar de su deficiente redacción–, debemos cuestionarnos si estos casos de “ingeniería legislativa” –así se llama ahora a “la trampa”– son realmente democráticos o si pretenden sortear el sistema parlamentario e imponer las medidas que quiere una minoría. La política de acuerdos, supongo.

Cuesta creer que quienes han aprobado o están a favor de “la ley” salgan públicamente sin ningún pudor, incluso desde la propia tribuna del Congreso, a instar a los inquilinos a que se aprovechen de “la trampa”. Cuando se originó el refrán nadie se imaginaría que algún día las mismas personas podrían hacer a la vez “la Ley” y “la trampa”. Esta es la nueva política.

Además, los propulsores de la norma se valen de una circunstancia excepcional como una guerra –tal y como se indica en el propio título de la norma– para justificar la aprobación de unas medidas con evidente motivación política y que difícilmente pueden atenuar el grave problema de los alquileres en España que viene de largo.

Bien lo sabe la parte mayoritaria del ejecutivo que se ha desvinculado de esta norma y ha preferido aprobar sus medidas por separado –estas sí, para paliar los efectos de la guerra– y conseguir la convalidación parlamentaria. En ningún caso se puede pasar por alto que el único objetivo de este Real Decreto-Ley es aprovecharse de los plazos legislativos para otorgar efectos jurídicos a unas medidas partidistas en contra de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, quienes –nos guste o no– estamos representados por el Congreso y el Senado.

Por tanto, la reflexión debería ser la siguiente: ¿es democrático y honrado que quien hace “la Ley” haga a su vez “la trampa” para así sortear el rechazo de la mayoría y permitir que, aunque temporalmente, sus medidas tengan efectos jurídicos? Parece razonable pensar que no.

Es difícil dar lecciones de democracia y honradez si se asumen como principios políticos los refranes populares de la picaresca española.

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