La regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, aprobada por el Consejo de Ministros esta semana, no es una ocurrencia ideológica, ni mucho menos una amenaza para el país. Es, sencillamente, una respuesta pragmática y justa a una realidad que ya existe. Sin embargo, volvemos a situarnos ante uno de esos debates recurrentes que parecen reinventarse cada cierto tiempo con la misma carga de ruido y demagogia, y la misma escasez de memoria.

Analicemos. Conviene empezar por lo evidente: las personas que serán beneficiadas por esta medida no están llegando ahora, no forman parte de ninguna supuesta “avalancha” ni “efecto llamada”. Ya viven aquí. Ya trabajan aquí. Ya sostienen, en muchos casos desde la invisibilidad y la falta de derechos, sectores enteros de la economía española. Y hasta ahora lo han hecho sin protección alguna del sistema y expuestos a la explotación.

Esta regularización reconoce y ordena esa realidad. Ni más, ni menos. Convierte la economía sumergida en economía regular, aumenta las cotizaciones de la Seguridad Social y garantiza derechos laborales reforzando la seguridad jurídica tanto de trabajadores........

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