En la comunidad indígena de Gito Dokabu, en Risaralda, una niña fue amarrada de pies y manos, colgada de una viga y cubierta con una cobija mientras dos hombres la golpeaban con tallos. El castigo fue tan brutal que perdió el conocimiento por unos segundos. El video, difundido en redes, no necesita contexto: lo que vimos fue tortura. Punto.

El dolor que sentí, como muchos colombianos, fue infinito. Ver a una niña inocente sometida a semejante violencia genera rabia, impotencia y vergüenza. Porque en ese momento quedó claro que, cuando más lo necesitan, las niñas están solas frente a la violencia.

Y la verdad es esta: las mujeres indígenas muchas veces no tienen a dónde acudir. No porque no existan sistemas de justicia, sino porque ninguno —ni el ordinario ni el indígena— les ofrece las garantías que merecen para denunciar, sentirse seguras y lograr que el agresor pague como debe.

Ese es el verdadero drama. No es una discusión sobre cuál jurisdicción debe encargarse. Es el reconocimiento de que ninguna está cumpliendo su función: proteger.

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