El domingo 30 de junio de 1974, en un ‘breve’ con algún resalte, Heraldo de Aragón publicaba esta noticia: "Según informaciones llegadas a nuestra redacción, ha sido secuestrada la edición del último número del periódico quincenal aragonés ‘Andalán’ antes de que saliese a la calle. No se sabe, de momento, cuáles son los motivos concretos de este secuestro".

Así era. El secuestro gubernativo previo significaba que se había ordenado a la Policía impedir la distribución del periódico, para que no pudiera llegar al público: ni a los suscriptores ni a los eventuales compradores en quiosco de prensa o en tiendas autorizadas. Se aplicaba, así, una de las potestades que la Ley Fraga (que regulaba el funcionamiento de la prensa y la imprenta) concedía al Gobierno y a sus delegados. En este caso, la prerrogativa del Ministerio de Información (sic) y Turismo la ejercía su delegado en Zaragoza. Y procede recordar que el método lo había establecido el régimen en 1966. Antes era aún más estricto y sujeto al arbitrio de aquella omnipresente policía de costumbres.

El periódico secuestrado y Heraldo se llevaban medianamente, tirando a mal. Pero el diario decano había sido en todo tiempo, incluso en los años de mayor dureza, un abogado infatigable de la libertad de prensa. Si en 1943 había........

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