Que nadie se haga ilusiones. A pesar de que el Congreso dio el visto bueno, por mayoría, a la iniciativa del Bloque, el traspaso de la AP-9 a Galicia tiene todavía un amplio recorrido por delante e incluso puede quedar en nada, si la Xunta y el PP no cambian de opinión y siguen rechazando asumir la gestión por las cargas económicas que pueda comportar. Lo seguro es que los usuarios de la Autopista del Atlántico continuarán "sine die" pagando peajes —"ablandados", eso sí, con fondos públicos que aporta el Ministerio de Transportes—, porque el cambio de titularidad de la más importante vía de comunicación gallega no implica automáticamente su gratuidad. Con transferencia o sin ella, Audasa tiene prorrogada hasta 2048 una cuestionada concesión que le reporta beneficios millonarios y que si es anulada por Bruselas le generaría un abultada compensación que nadie parece dispuesto a pagar. Hasta por las buenas, el rescate tendría un alto coste. He ahí una de las madres del cordero.

Pase lo que pase en el Senado —donde la mayoría absoluta del PP puede poner trabas o hacer cambios, que devolverían el asunto al Congreso—, las cláusulas definitivas del acuerdo de cesión ha de fijarlas en su caso la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado, que es el órgano al que corresponde redactar y firmar el acuerdo definitivo. Sin consenso y dado que el Gobierno de Rueda no está por la labor, la AP-9 seguirá dependiendo de la Administración central. Mientras, el BNG se apunta un tanto, aunque sea meramente simbólico, y de paso coloca al PP en una posición incómoda. Los populares siempre se sumaron en el Parlamento gallego a las iniciativas impulsadas por los nacionalistas y secundadas por el PSdeG para reclamar al Gobierno de España de turno que sea Galicia quien gestione la Autopista del Atlántico. A los de Rueda ya les está costando explicar a la ciudadanía el cambio de postura.

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