La reciente captura de una embarcación con más de 2,4 toneladas de cocaína frente a las costas de Piura confirma lo que ya se ha detectado, que el mexicano Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya opera en Perú. No se trata de rumores ni de exageraciones analíticas o mediáticas, sino de hechos verificados por la Dirección Antidrogas de la PNP y la Marina de Guerra peruana.

Como han indicado las investigaciones, el cargamento y la logística empleada revelan una estructura consolidada que aprovecha la debilidad en la vigilancia marítima, terrestre y la cooperación con redes sudamericanas.

Los órganos de inteligencia peruanos y extranjeros han reportado la presencia de emisarios del CJNG en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y en el Huallaga, dos antiguas zonas vinculadas a la producción de coca. Allí se concentran laboratorios y pistas clandestinas usadas para trasladar droga hacia la costa. El cártel no solo opera en altamar, sino que también se desplaza en el corazón de la cadena productiva acopiando "producto" de los clanes peruanos del narcotráfico. Además, se investiga su participación en actividades de minería ilegal en la frontera entre Huánuco y Ucayali, lo que indica una diversificación criminal que refuerza su capacidad de penetración territorial y económica (Infobae, 24/02/2026).

Estos nexos son sumamente peligrosos ya que las distintas economías ilegales (como la minería criminal, el narco, la tala, etc.) van trenzándose en sus operaciones y financiamientos. El potencial escenario de peligros es que ya vemos a redes transnacionales delictivas relacionándose con grupos criminales locales. Por ello —desde este espacio y de tiempo atrás— nos hemos sumado a las advertencias de que el problema de fondo en Perú ya no es solo de inseguridad ciudadana (focalizada en las extorsiones y el sicariato urbanos), sino de seguridad nacional. Y, por efecto, de seguridad hemisférica y regional.

La presencia que el CJNG del recientemente liquidado "El Mencho" (por presión de los EE.UU. al gobierno mexicano de Sheinbaum) tiene en Perú debe verse como parte de un plan de expansión regional. La costa peruana es zona clave de la ruta del Pacífico, conectando la producción de cocaína sudamericana con los mercados negros internacionales. En Ecuador, este asunto ya ha derivado en un fenómeno más profundo: la narcopolítica, donde los cárteles no solo controlan economías ilícitas, sino que se meten directamente en los niveles políticos y estatales. Incluso ha llegado a asesinar a candidatos presidenciales y congresales. El riesgo de alto contagio hacia Perú no es poca cosa.

Las ramificaciones del CJNG mexicano en Perú y Ecuador advierte los riesgos de la fusión criminal de fines económicos y políticos vía el financiamiento de campañas electorales. No es una exageración ni alarmismo lo que decimos aquí. En México, múltiples investigaciones internas y acusaciones internacionales señalan que los cárteles han financiado campañas políticas, sostenidamente, con montos que llegan a decenas de millones de dólares. Se ha mencionado incluso que el CJNG habría aportado 20 millones de dólares a la campaña de Sheinbaum. Ya antes hubo testimonios de lo mismo con López Obrador y el partido Morena (ver a propósito: "AMLO escudero de Evo, Castillo... ¿y del narcotráfico?", 25/5/2023. M. Lagos. Expreso). Esto refuerza la idea de que México vive, desde hace mucho tiempo, bajo la lógica de un narcoestado. Una cuestión que ha involucrado a gobernantes de izquierda, centro y derecha en distintos niveles de representación política.

¿Perú y Ecuador están lejos de vivir el mismo fenómeno y en similar intensidad? Como lo anotamos aquí (ver a propósito: "Comunicación violenta". 1/3/2025. M. Lagos. Expreso), aún no estamos en un proceso instalado de "mexicanizacion" acelerada; pero si no se hace nada o muy poco para, primero contener y luego hacer retroceder esta posibilidad, ese es, sin duda, el contexto que espera de aquí a diez años.

Pero el CJNG no es el único actor. El Cártel de Sinaloa también ha dejado huella en Perú y Ecuador. En suelo peruano, la Fiscalía incautó 317 kilos de cocaína de alta pureza vinculados a una red ligada a Sinaloa, con destino a Europa. Este cártel mantiene alianzas con organizaciones locales para asegurar la producción y salida de droga por puertos del norte del país. En Ecuador, el CJNG ha tejido alianzas con la banda Los Lobos, mientras que los de Sinaloa han sido señalados por sobornos a militares y políticos, convirtiendo al país en lo que algunos investigadores llaman como una “bodega de cocaína”. La violencia política y el asesinato de figuras públicas ecuatorianas son síntomas de esta penetración criminal.

Un elemento clave es que estas organizaciones no suelen desaparecer con la captura o muerte de sus líderes. Incluso persisten pese a las operaciones contra sus mandos medios. A diferencia de los grupos terroristas que se derrumban al decapitar a sus líderes y cúpulas (lo hemos visto con Sendero Luminoso y el MRTA en Perú; aunque Al-Qaeda —y otros— si ha mostrado resiliencia posmuerte de Bin Laden y Ayman al-Zawahiri), los grupos criminales son muy veloces en reemplazar a sus mandos. Los narcos sinaloenses, por ejemplo, tras la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, mantuvieron casi intacta su capacidad internacional. La regeneración de estos conglomerados criminales nos dice que no dependen de un solo líder, sino de redes transnacionales que se adaptan y continúan operando. Todo esto se debe además a la fuerte impunidad que les aseguran los políticos y partidos de turno, los jueces y fiscales "enchufados" y los sectores militares y policiales infiltrados. He ahí la dificil, cuestión de fondo.

El último operativo contra "El Mencho" nos ilustra cómo la firme presión externa de EE.UU. y aliados y su política de lucha anticriminal y antiterrorista internacional, le termina doblando el brazo a un poder político mexicano que ha sido cómplice o funcional evidente de la criminalidad durante años.

Cerrando. La expansión, entonces, del CJNG hacia Ecuador y Perú muestra que el cartel no actúa de manera aislada. Su plan es regional, y su capacidad de infiltración política está probada en México. En Ecuador, la violencia y la corrupción política son ya síntomas de un Estado capturado por el narco que el nuevo gobierno de Noboa intenta contener con ayuda de EE.UU. (y el retorno de la DEA, el FBI —y el Mossad— luego de haber sido expulsados por el correísmo prochavista). Perú, con instituciones debilitadas y una crisis política recurrente, ofrece un terreno fértil para que estos peligros se repliquen. La advertencia es clara. La presencia de los carteles mexicanos en Perú no solo significa tráfico de drogas, minería ilegal, etc... sino un riesgo potencial de penetración en la política nacional. *Miguel Lagos | Analista político enfocado en temas de riesgo y conflictos políticos, radicalización y extremismo político violento

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