Según versiones de diversos actores  políticos recogidas por medios como EXPRESO, las críticas contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, vuelven a ocupar el centro del debate público. Hoy, las objeciones provienen del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuyas declaraciones reavivan cuestionamientos que no consiguieron ser plenamente esclarecidos desde el proceso electoral de 2021. Según López Aliaga —opinión que permanente ha sostenido este escriba—, la conducta de Corvetto durante aquellos comicios dejó muy profundas sospechas, particularmente por su tenaz negativa a entregar las listas oficiales de los votantes solicitadas por un grupo encabezado por personas inimputables como Lourdes Flores. Aquel pedido buscaba contrastar la información recabada por cientos de personeros de mesa, ante lo que consideran irregularidades en un proceso dirigido por el entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, un juez comunista. Proceso culminará con la proclamación de Pedro Castillo, en medio de permanentes denuncias públicas de manipulación y falta de transparencia. López Aliaga sostiene que en aquella oportunidad su organización había desplegado una enorme estructura de supervisión electoral “sin precedentes”, incluyendo centros de cómputo en cada departamento y más de 90 mil personeros para verificar, en tiempo real, los resultados y detectar cualquier irregularidad. Incluso afirma que un exfuncionario electoral en Tacna le habría señalado que Renovación Popular habría ganado en esa región, de no ser por presuntas anomalías en el traslado de actas hacia Lima. “A la hora que va a Lima comienza la trafa (…) o continúa la trafa”, declaró. Aunque no informó si esa organización se repetirá. López Aliaga asegura que, en 2021, su equipo contabilizó la totalidad de actas y tenían claridad absoluta sobre sus resultados. Por ello advierte que, en este proceso, denunciará cualquier indicio de irregularidad desde el primer momento. “Uno tiene todo el derecho de presentar las actas que uno tiene al cien por ciento y decir: ‘Mi cálculo es este y tengo la prueba’”, afirmó. Aunque sus críticas van más allá del sistema electoral en abstracto. Apuntan personalmente a Corvetto, quien continúa al frente de la ONPE pese a las controversias que arrastra desde 2021. Según López Aliaga, la negativa del funcionario a entregar la información solicitada entonces —y su posterior resistencia a la sentencia judicial que determinó que la ONPE sí debía entregarla— lo coloca en el centro de lo que él denomina un “pacto mafioso electoral”. De allí su muy justificada pregunta, compartida por amplios sectores ciudadanos: “¿Qué hace todavía este señor Corvetto al mando de la ONPE?”. Esa interrogante ha sido formulada repetidamente en los últimos años. ¡Y, como señalan quienes compartimos esas críticas, nunca ha recibido una respuesta satisfactoria! Desde esa perspectiva, la permanencia de un funcionario cuestionado al frente de un organismo clave para la integridad electoral es vista como un riesgo para la confianza pública. Según esta línea de argumentación, la ONPE —institución llamada a garantizar procesos limpios, verificables y transparentes— no debería estar dirigida por alguien cuya actuación pasada sigue generando dudas entre significativos sectores de la ciudadanía.

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