A pocas semanas de los comicios de abril, nos enfrentamos a un escenario que, bajo cualquier estándar internacional de integridad electoral, sería considerado de altísimo riesgo. No hablamos acá de alarmismo, menos de especulación política, sino de constatación fáctica. Los organismos especializados coinciden en que la legitimidad de cualquiera elección depende de instituciones completas y operativas, de transparencia verificable y de condiciones materiales que permitan al elector ejercer su voto sin obstáculos indebidos. Hoy, Perú incumple plenamente todo aquello. Primer problema estructural: el Jurado Nacional de Elecciones podría volver a operar incompleto —como ocurrió en 2021— por la ausencia del representante del Colegio de Abogados de Lima (CAL). ¡En toda democracia consolidada, un organismo electoral superior incompleto sería impensable! La pluralidad de voces en el pleno no es asunto administrativo: ¡es un mecanismo de legitimidad! La OEA lo ha señalado reiteradamente en sus misiones de observación: “la composición plena de los órganos electorales es una condición básica para la confianza pública”. Por tanto, Perú no puede permitirse repetir otro proceso con un árbitro incompleto, como el del CAL. Segundo asunto: ausencia de transparencia operativa. La negativa de ONPE en 2021 a facilitar el padrón nominal completo —a grupos ciudadanos amparados por la ley— quebró una confianza que jamás ha sido reparada. Más allá de la legalidad de esa decisión, la sensación de opacidad permanece. Bajo estándares internacionales, la transparencia jamás puede medirse solo por el cumplimiento formal de la propia norma, sino por la capacidad de las autoridades para permitir auditorías tanto independientes como verificables y oportunas. El Perú necesita de manera muy urgente protocolos claros que garanticen acceso a información verificable, sin vulnerar derechos personales. Nuestro tercer problema es operativo: la complejidad de la megacédula electoral. Su tamaño, la letra diminuta y la multiplicidad de cargos por elegir multiplican los riesgos de errores del elector, así como del personal de mesa. En los países de la OCDE, una cédula con tales características sería rechazada de plano por mil razones. Aquí, en cambio, se ha normalizado la idea de que el elector debe adaptarse a la cédula, y no al revés. El resultado previsible es un aumento de votos nulos, severas impugnaciones e innumerables controversias en el escrutinio. Frente a este panorama, la pregunta no es si habrá fraude —una afirmación que no sería extraña a las malas prácticas de gente tan inconfiable como nuestras actuales autoridades electorales—, sino demostrar si nuestro país está cumpliendo con estándares mínimos de integridad electoral. Lamentablemente sabemos que la respuesta es que, ¡definitivamente, no! Por eso, el Perú necesita reformas urgentes, incluso en el breve plazo que queda: 1) completar el pleno del JNE sin dilación; 2) establecer protocolos de transparencia verificable para la ONPE; 3) rediseñar la cédula para garantizar legibilidad; 4) reforzar la capacitación de miembros de mesa; 5) convocar a observación electoral nacional/internacional con acceso pleno a todas las etapas del proceso. La legitimidad de una elección no se improvisa. ¡Se construye! Y el tiempo para hacerlo se está agotando.

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