Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no debe ser solo una fecha de conmemoración, sino también un momento de reflexión y de firme decisión nacional. En el Perú, las mujeres han avanzado de manera notable en la política, la educación, el emprendimiento y el trabajo. Sin embargo, al mismo tiempo, crecen el maltrato, la violencia familiar y los feminicidios. Esta contradicción es intolerable. Un país que aspira al desarrollo no puede permitir que quienes sostienen a millones de familias vivan bajo amenaza o inseguridad. En las últimas décadas la mujer peruana ha protagonizado un proceso de avance social muy significativo. Hoy participa más activamente en la vida pública, en el emprendimiento y en el mercado laboral. La legislación ha incorporado normas de paridad y alternancia en las listas electorales, y cada vez más mujeres ocupan cargos de liderazgo en instituciones públicas, empresas y organizaciones sociales. Además, miles de mujeres lideran pequeños y medianos emprendimientos que sostienen a sus familias y dinamizan la economía nacional. Sin embargo, este progreso convive con una realidad dramática. Las cifras de violencia contra la mujer siguen siendo muy altas y los feminicidios continúan conmocionando al país. Esta contradicción revela que el desarrollo legal y la mayor presencia pública de la mujer no han sido acompañados por una transformación cultural profunda ni por una acción efectiva del Estado para prevenir y sancionar la violencia. Parte del problema radica en la debilidad institucional. Muchas denuncias no son atendidas oportunamente, las víctimas carecen de protección efectiva y los agresores, en demasiados casos, permanecen impunes. A ello se suma la desintegración familiar, la expansión de la delincuencia y una cultura de violencia que afecta especialmente a las mujeres más vulnerables. Frente a esta realidad, el Perú necesita un plan de acción claro y firme. Primero, fortalecer los mecanismos de prevención mediante educación en valores, respeto y responsabilidad desde la escuela y la familia. Segundo, garantizar protección inmediata y eficaz para las mujeres que denuncian violencia, con unidades policiales especializadas y sistemas de respuesta rápida. Tercero, asegurar sanciones severas y procesos judiciales rápidos contra los agresores. Al mismo tiempo, debemos impulsar políticas que consoliden la autonomía económica de la mujer: acceso al crédito, capacitación laboral, apoyo a emprendedoras y mayor presencia en los espacios de decisión pública. El respeto a la mujer no es solo una causa social: es una condición fundamental para el desarrollo del país. Un Perú que permite la violencia contra la mujer no puede aspirar a ser una nación justa ni moderna. Defender la dignidad, la seguridad y las oportunidades de las mujeres es defender el futuro del Perú. El Perú necesita decirlo con claridad: basta de violencia contra la mujer. Esa es la Revolución Pacífica que plantea Perú Acción.

(*) Presidente de Perú Acción Presidente del Consejo por la Paz

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