La criminalidad amenaza de manera directa la vigencia del Estado constitucional de derecho, adquiriendo un carácter estructural, erosionando la legitimidad democrática, debilitando las instituciones públicas y afectando gravemente el goce efectivo de los derechos fundamentales.
En los Estados constitucionales contemporáneos, la criminalidad organizada y la corrupción no pueden ser comprendidas únicamente como fenómenos delictivos aislados, sino como amenazas sistémicas que comprometen el orden constitucional. Cuando organizaciones criminales logran capturar instituciones públicas mediante redes de corrupción, se produce una distorsión profunda del principio de legalidad, de la separación de poderes y del deber estatal de garantizar los derechos fundamentales.
En el contexto peruano, la convergencia entre economías ilícitas —narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata de personas— y prácticas corruptas ha generado un escenario de criminalidad compleja, que exige respuestas........

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