En el Perú, las crisis no siempre estallan de un día para otro. A veces se planifican en silencio. Se aprueban, se votan y hasta se celebran desde el propio Estado. Y cuando finalmente explotan, ya no hay responsables, solo consecuencias. Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy: decisiones que hoy se celebran, pero que mañana pasarán la factura. En las últimas semanas, el Congreso ha venido aprobando normas que generan nuevas obligaciones de gasto sin financiamiento claro. Incrementos remunerativos, bonificaciones y beneficios que, en conjunto, podrían representar un impacto cercano al 1 % del producto bruto interno. No es menor. Es una señal de alerta. El propio Consejo Fiscal ha advertido que estas decisiones ya comprometen más de S/ 11 000 millones anuales en gasto permanente. No se trata de discutir si determinados sectores merecen mejoras. Ese no es el punto. El problema es otro: se están asumiendo compromisos permanentes sin definir cómo se van a pagar. Y, en algunos casos, además, estas decisiones han sido impulsadas por quienes pertenecen directamente a los sectores beneficiados, lo que abre un evidente cuestionamiento sobre conflictos de interés en la toma de decisiones públicas. El Perú tiene reglas fiscales claras. No son un capricho técnico, son un mecanismo de protección. Gracias a ellas, en las últimas décadas el país ha logrado estabilidad, crecimiento y un manejo responsable del gasto público. Estas reglas buscan evitar que el gasto crezca sin control y que decisiones políticas comprometan la estabilidad del país. Cuando se ignoran, lo que se debilita no es una cifra, es la confianza. El Congreso no ejecuta el presupuesto y, además, por mandato constitucional, no tiene injerencia directa en la generación de gasto público. Sin embargo, en la práctica, viene aprobando normas que lo presionan. Y eso es lo que está ocurriendo: se generan obligaciones que luego el Ejecutivo debe asumir, aun cuando no exista espacio fiscal para hacerlo. El problema es que estos compromisos no son temporales. No son medidas excepcionales. Son gastos recurrentes: planillas, bonificaciones y beneficios que, una vez otorgados, resultan políticamente difíciles de revertir. Se convierten en cargas permanentes sobre un presupuesto ya limitado. No estamos frente a decisiones aisladas, sino frente a un patrón: se aprueba gasto sin financiamiento, se traslada el costo al futuro y se evita asumir las consecuencias. El próximo gobierno recibirá ese escenario. No el discurso, sino la obligación. Tendrá que enfrentar compromisos que difícilmente podrá sostener sin ajustes. El Perú no está frente a una crisis inmediata. Está frente a algo más complejo: una crisis en construcción. Una que no se anuncia, pero se acumula. Una que no estalla hoy, pero que ya empieza a formarse. Porque cuando se gasta sin respaldo, no se resuelve el problema. Se siembra el siguiente.

Por David García Rodríguez

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