Durante los años 2019 y 2020, como comandante del Destacamento de la Estación Naval “El Salto”, en Tumbes, viví de cerca una de las amenazas más complejas que afrontó el país: la pandemia del COVID-19. En el marco del Estado de Emergencia, cumplimos labores de apoyo a la Policía Nacional del Perú para el control del aislamiento social obligatorio y el cierre de la línea de frontera en nuestro sector de responsabilidad. Esa experiencia me permitió confirmar una realidad que el Perú ya no puede seguir ignorando: la frontera norte con Ecuador está desbordada. La extensión del territorio fronterizo, de más de 1,500 kilómetros, y su geografía compleja —entre ríos, selva y zonas rurales— dificultan un control absoluto. Sin embargo, reducir el problema a un asunto geográfico sería simplificar demasiado una situación que también expone las limitaciones operativas del Estado. Las Fuerzas Armadas y la Policía cumplen funciones de vigilancia, pero la falta de personal, recursos, tecnología y una estrategia sostenida ha generado amplios espacios donde el control es débil o intermitente. En esos vacíos prosperan los pasos no autorizados, utilizados no solo por personas que cruzan por razones económicas o familiares, sino también por redes vinculadas al contrabando, el tráfico de personas, la delincuencia común y el sicariato. El Perú enfrenta un problema estructural, no coyuntural. Más de un centenar de pasos no autorizados operan con alarmante normalidad, mientras el Estado llega tarde, mal o simplemente no llega. Sin control real en el norte, la soberanía se diluye entre trochas, ríos y omisiones. A ello se suma una dimensión social: en muchas zonas de frontera, el tránsito informal forma parte de la vida cotidiana. La línea entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa, lo que vuelve aún más difícil cualquier intervención estricta. Cerrar completamente la frontera no es viable. Pero tampoco lo es permitir que amplios tramos permanezcan fuera del control efectivo del Estado. Lo que se necesita es una respuesta integral: reforzar la presencia institucional en puntos críticos, incrementar el personal policial, incorporar tecnología como drones, sensores y vigilancia inteligente, ordenar la gestión migratoria y fortalecer la cooperación binacional con Ecuador. El problema no es solo la geografía. El verdadero problema es la ausencia del Estado. La frontera norte del Perú no está perdida, pero sí debilitada. Y mientras no se asuma esta situación con seriedad, seguirá siendo un espacio donde la ley existe, pero no siempre se cumple. El Perú no necesita más diagnósticos. Necesita decisión  política, inversión sostenida y una estrategia clara. Porque una frontera que no se controla, tarde o temprano, se pierde.

Por Contralmirante Giancarlo Pinto Vindrola

Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.

📲 Noticias a tu WhatsApp

Presiona AQUÍ y únete a nuestra comunidad 'Noticias al instante'.

© Expreso