El fallo contra Álvaro Uribe, imponiendo 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal, marca un hecho inédito en la historia colombiana. Por primera vez un expresidente es condenado penalmente. Pero el caso no es una cuestión meramente legal o un veredicto individual. Está en juego una narrativa nacional que intenta ser reescrita: que quienes enfrentaron a la guerrilla hoy son perseguidos, mientras quienes empuñaron las armas contra el Estado gobiernan.
Durante sus mandatos (2002–2010), Uribe lideró una ofensiva frontal contra el terrorismo. Su política de Seguridad Democrática redujo el poder militar de las FARC y el ELN, rescató zonas dominadas por la insurgencia, restableciendo la autoridad estatal. A pesar de las sombras —falsos positivos o desmovilización de paramilitares—, para millones de colombianos significó vivir sin la amenaza constante de secuestros, atentados o desplazamientos forzados.
Hoy el país vive un juicio al revés. El expresidente que enfrentó al crimen organizado y las guerrillas recibe la pena máxima por sus delitos, mientras los........

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