Cuba ha entrado en fase de transición controlada, no hacia un cambio inmediato, sino un ajuste del sistema donde las élites buscan preservar su posición en un entorno cada vez más restrictivo. La pregunta es qué tipo de cambios serán aceptables para quienes controlan el poder en la isla. Washington ejerce presión sobre la economía, diplomacia y figuras visibles, pero el sistema cubano está diseñado para absorber presiones sin desarticular su núcleo. Por décadas, la estrecha relación con Venezuela permitió a La Habana operar con un margen predecible. Ese esquema se rompe en enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro, exponiendo los fuertes vínculos entre Cuba y Venezuela. El corte del suministro venezolano por instrucciones de Washington, que alcanzaba los 70,000 barriles diarios de petróleo, se sumó a una crisis progresiva, afectando la generación eléctrica, transporte, servicios básicos y capacidad logística del Estado. Cuba necesita 100.000 barriles diarios para funcionar, la producción interna cubre apenas el 40%. El resto depende de importaciones hoy bloqueadas. Los apagones en La Habana superan las 12 horas diarias y en el interior del país pueden prolongarse por días. Los vuelos internacionales se suspendieron por falta de combustible. Miguel Díaz-Canel es presidente desde 2018, pero el poder real lo mantiene Raúl Castro, de 94 años. Aunque retirado formalmente, es la figura determinante que comanda a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que controlan GAESA, conglomerado empresarial que maneja el 80% de las divisas del país. Díaz-Canel garantiza la continuidad, no el cambio. Analistas coinciden que removerlo no alteraría la estructura real de poder. Marco Rubio, Secretario de Estado, afirma que Cuba necesita “un cambio de régimen”. En paralelo, el portal Axios reportó que Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, mantiene contactos directos con Rubio. Cuba lo calificó de especulación, sin negarlo. Esa línea abierta sugiere que la negociación ocurre entre el núcleo duro del castrismo y Washington, no a través de Díaz-Canel. A fines de marzo, un buque ruso llegó a Matanzas con 730.000 barriles de crudo. Trump, que había amenazado con aranceles, dijo que “no tiene inconveniente, la gente necesita calefacción y refrigeración”. El giro no es contradictorio: es táctico. El cargamento tardará 20 días en refinarse, cubriendo 10 a 30 días de consumo, sin resolver nada estructural. Trump lo dejó pasar porque una Cuba con apagones y hospitales colapsados dificultaría una negociación ordenada. El 3 de abril, Cuba anunció la liberación de 2.010 prisioneros, la mayor excarcelación en años. El comunicado cita la Semana Santa y “buena conducta”. La lista excluye a quienes cometieron “delitos contra la autoridad” y presos  políticos. El patrón es conocido: Cuba usa las excarcelaciones como señal diplomática sin ceder el control interno. En 2025 liberó 553 presos en un acuerdo con Biden que Trump anuló. El ciclo se repite. Estados Unidos pide cambio de liderazgo, apertura política, liberación de presos políticos y desmantelamiento del monopolio de GAESA. Cuba ofrece gestos humanitarios, diálogo sin condiciones y reformas económicas marginales. La brecha es grande. Lo más probable parece ser un acuerdo de mínimos: la salida de Díaz-Canel como gesto  político, con el poder real de las FAR y el entorno de Raúl intacto. Un arreglo imperfecto para todos. Mientras tanto, diez millones de cubanos esperan en medio de apagones, hospitales al límite y una economía en caída libre por años.

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