La escalada de la delincuencia y el crimen organizado se ha convertido en el principal problema que aqueja a nuestro país, donde se consolidan el asesinato, sicariato y extorsión, debiéndose adoptar estrategias recurriéndose al esfuerzo articulado entre los tres niveles de gobierno y los operadores de seguridad y justicia. Pero al Congreso, cuya misión es dictar leyes, le corresponde revisar, modificar o derogar las leyes que promulgaron y están debilitando la capacidad de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.
Tenemos ejemplos: la Ley 31989 (marzo 2024) elimina la disposición del DL-1607 que modifica la Ley 30077 contra el crimen organizado, que facultaba a la Policía Nacional a actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos por mineros ilegales con inscripción suspendida en el Reinfo. La posesión de explosivos representa un grave delito con penas entre 6 a 15 años (artículo 279-G del Código Penal).
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